Domingo 23 de junio, 19.00 horas. Perla del Ángel, voluntaria del Centro de Atención al Migrante Exodus (Came) en Agua Prieta, Sonora, está por abandonar el local. En el exterior hay un policía municipal que vigila el recinto porque han sufrido hostigamiento y amenazas por parte de grupos criminales de la zona. De repente aparecen tres vehículos militares. Sus agentes llevan brazaletes de la Guardia Nacional.
Las tres patrullas se detienen frente al centro. Bajan algunos uniformados y comienzan a interrogar al policía.
“Está ahí porque en el interior de nuestra institución tenemos a víctimas de delitos graves”, dice Del Ángel, quien se queda sorprendida por la presencia militar. Estaba a punto de abandonar el lugar, pero mejor se queda.
Pasa media hora y aparece el coordinador del centro.
Los integrantes de la Guardia Nacional le dicen que están allí porque han recibido una denuncia por la presencia de un hombre armado en el lugar.
Se trata del policía, quien previamente se había identificado como tal y únicamente se había quitado la chaqueta debido al calor, explica Del Ángel.
A partir de ese momento comienzan las preguntas sobre la Casa del Migrante.
Cuánta gente hay. Quiénes son. Cuál es su situación.
“Recibimos muchas personas que migran hacia Estados Unidos o solicitantes de asilo y son datos que no proporcionamos”, dice la voluntaria. Agua Prieta es un municipio fronterizo con la localidad de Douglas, en Estados Unidos, por lo que son muchos los migrantes y solicitantes de asilo que acuden a este albergue. Del Ángel explica que tienen por política no dar detalles sobre cuántas personas se encuentran alojadas por el momento, “por seguridad de los migrantes y de la propia casa”, afirma.
En ese momento las cosas comienzan a torcerse. “Uno de los militares insiste en entrar en el albergue. Dice que puede llamar al Instituto Nacional de Migración (INM) para realizar una verificación migratoria. Que le resulta sospechoso que la puerta esté cerrada con llave, que cómo puede saber que las personas que están en el interior están por su propia voluntad. Que es un agente que tiene derecho a entrar en un espacio público.
Fuentes de la Guardia Nacional reconocieron la existencia de la denuncia y señalaron que “los hechos se están investigando”. “El compromiso de la GN es salvaguardar la integridad física de todas las personas que estén en territorio nacional, pero siempre respetando los Derechos Humanos bajo los protocolos de actuación”, dijeron estas fuentes, que insistieron en que “la Secretaría de Seguridad Pública no tolerará abusos de autoridad”.
Hostigamiento por parte de grupos criminales
“Estamos en alerta ante posibles incidentes”, explica Del Ángel. La Casa del Migrante, asegura, está inserta dentro del mecanismo de protección a defensores y periodistas. Sus integrantes han sido hostigados, asegura, por parte de grupos criminales, a través de llamadas y seguimientos.
Llegan dos patrullas militares más. Pasadas las 20:00 horas son cinco vehículos con seis efectivos por vehículo. Es decir, 30 miembros de la Guardia Nacional que insisten en entrar en la Casa del Migrante. Sus responsables se niegan.
Del Ángel explica que en ese momento hubo comunicación directa con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mediante su oficina en Nogales, Sonora.
Denuncia que uno de los efectivos trató de interrogarle sobre aspectos como si pagaba impuestos. Denuncia que tomó fotografías y que los miembros de la Guardia Nacional le dijeron que estaba haciendo algo ilegal. Denuncia que fue filmada por uno de los uniformados
A las 20:24 horas, casi hora y media después de la llegada de los primeros vehículos militares, todo el dispositivo se retiró sin dar explicaciones, según señala la voluntaria.
La Casa del Migrante interpuso una queja ante la CNDH y solicitó medidas cautelares de protección. “Hemos pedido que la Guardia Nacional se abstenga de intimidar la labor de las casas del migrante. Lo del domingo es una ofensa a todos los que realizan esta labor. Hemos visto lo que la guardia está haciendo en Juárez”, afirma la voluntaria.
El incidente en Agua Prieta llega en un contexto en el que las casas de acogida a los migrantes han sido señaladas por parte de diversos estamentos del Estado mexicano.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo el 17 de junio que su gobierno tenía intención de retirar los fondos de los albergues y abogaba por el control estatal de estas infraestructuras. A pregunta de Animal Político, responsables de casas del migrante de norte, centro y sur del país aseguraron no temer a la retirada del supuesto apoyo por parte de la administración ya que en contadas ocasiones habían recibido fondos estatales.
Un día después, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Tabasco, anunciaba su intención de investigar albergues por su presunta participación en redes de lavado de dinero vinculadas, supuestamente, a las caravanas migrantes. Esta entidad estatal hizo referencia a informaciones reveladas por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas. No obstante, el funcionario negó haber proporcionado información alguna ni haber vinculado albergues u ONG al tráfico de personas.
Preocupación legitima
“Vemos con mucha preocupación este tipo de actos que parece buscar deslegitimar la labor de asistencia humanitaria y defensa de los Derechos Humanos que han realizado por décadas las casas de migrantes y demás organizaciones de la sociedad civil en todo el país. La intimidación de las y los defensores no debe ser parte de los actos de autoridad, ni mucho menos de quienes aducen estar para realizar labores de ‘rescate de migrantes’”, denunció a través de un comunicado la Red Zona Norte de Casas y Centros de Derechos Humanos de Migrantes. Esta red reúne a casas del migrante y asociaciones de los estados de Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas.
El colectivo responsabilizó al gobierno federal del uso indebido que pueda hacerse de la grabación de la voluntaria de la Casa del Migrante, “así como de cualquier otro intento ilícito” de ingreso a sus instalaciones.
El incidente llega después de que el gobierno desplegó 15 mil elementos de la Guardia Nacional (por el momento militares y policías con un brazalete) para intentar impedir que migrantes accedan a la frontera con Estados Unidos. Se trata de una más de las medidas impuestas tras el acuerdo del 7 de junio entre México y Estados Unidos, por el que López Obrador aceptó reforzar el control contra los migrantes a cambio de que Washington no imponga aranceles progresivos a sus productos.
El Quinto Visitador de la CNDH, Edgar Corzo Sosa, informó que recibieron la queja, y que en este momento están haciendo los trámites para ver si implementan medidas cautelares al centro; además, dijo que están pidiendo información a las instituciones implicadas, que tienen 15 días hábiles para responder a las acusaciones.
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Con información de Animal Político.