Cerca de 200 personas, incluida una destacada activista, fueron detenidas el sábado en Moscú durante una manifestación de la oposición, que denuncia desde hace semanas la exclusión de sus candidatos a las elecciones locales de septiembre y es blanco de la presión de las autoridades.
Varios cientos de personas se concentraron en diferentes puntos del centro de Moscú, bajo una lluvia fina, rodeados de una gran presencia policial y de soldados de la guardia nacional, que no tardaron en efectuar los primeros arrestos, según periodistas.
La ong OVD-Info, especializada en el seguimiento de las manifestaciones, dio cuenta de al menos 194 detenidos, entre ellos seis periodistas.
Seis personas resultaron heridas durante las detenciones, según la fuente.
La manifestación, no autorizada, transcurre sin presencia de líderes, después de que se produjeran numerosas condenas desde la protesta del fin de semana pasado en la capital rusa, que culminó con cerca de mil 400 detenidos, algo que no ocurría desde el regreso del presidente Vladimir Putin al Kremlin en 2012.
La gran opositora que aún permanecía en libertad, Liubov Sobol, una abogada de 31 años, fue arrestada unos minutos antes del inicio de la manifestación.
Las autoridades hacen todo lo que pueden para intentar intimidar a la oposición, para asegurarse de que la gente no sale a la calle a protestar pacíficamente”, declaró antes de su detención.
En huelga de hambre desde hace tres semanas, Sobol se había librado hasta ahora de la cárcel por ser madre de un niño pequeño.
Estoy aquí porque quiero que haya grandes cambios. Actualmente, lo que tenemos es un ambiente de control total”, declaró Varvara, una manifestante de 22 años.
LÍDERES ENCARCELADOS
El principal opositor al Kremlin, el bloguero anticorrupción Alexei Navalny, cumple desde el 24 de julio una pena de 30 días de prisión.
Hospitalizado el domingo por una “grave reacción alérgica”, no descartó que hubiera sido “envenenado”. Fue reenviado luego a la cárcel.
La mayoría de sus aliados y otros líderes del movimiento también fueron condenados a cortas penas de prisión, como Ilia Yashin, Ivan Jdanov y Dimitri Gudkov, candidatos excluidos de las elecciones locales.
Antes de la protesta del sábado, la justicia inculpó a varias personas por “disturbios masivos”, una dura acusación que puede acarrear penas de hasta 15 años de prisión.
Cinco de los inculpados, incluidos abogados que trabajan para ong’s de defensa de los derechos humanos, fueron puestos en detención preventiva el viernes a la espera de sus juicios.
La policía por su parte pidió que se renunciara a la marcha, prometiendo una “reacción inmediata”.
El alcalde de Moscú, leal al Kremlin, Sergei Sobianin, previno a la oposición ante cualquier “nueva provocación”.
ELECCIONES DE SEPTIEMBRE
El descontento se desencadenó a raíz del rechazo de las candidaturas independientes para las elecciones locales del 8 de septiembre, que se presentan difíciles para los aspirantes que apoyan al poder ante el actual contexto social.
El jueves, el Fondo de la Lucha Contra la Corrupción de Navalny acusó en una investigación a la vicealcaldesa de Moscú, Natalia Sergunina, de haber desviado miles de millones de rublos de dinero público para la gestión del parque inmobiliario del ayuntamiento.
La oposición asegura que las autoridades quieren bloquear a sus candidatos en las elecciones de septiembre para evitar que, si llegan al Parlamento de Moscú, descubran y denuncien los circuitos de corrupción y desvío en la gestión de una ciudad con un astronómico presupuesto anual de 38 mil millones de euros (42 mil millones de dólares).
La justicia anunció el sábado que abrió una investigación por “blanqueo” de dinero contra el Fondo de Navalny.
Los investigadores le acusan de haber recibido ilegalmente casi mil millones de rublos (13.8 millones de euros, 15.3 millones de dólares).
Tras una primera protesta duramente reprimida hace una semana, los tribunales rusos ordenaron detención preventiva para 88 personas y condenaron a otras 332 al pago de multas.
Se abrieron tres investigaciones por “violencia” contra la policía, delito sancionable con cinco años de cárcel.
Con información de AFP.