A la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, en San Luis Potosí, se las ha ido comiendo la ciudad, aunque conservan la precariedad de la mayoría de sus calles sin pavimentar.
La comunidad forma parte de la Sierra de San Miguelito, complejo montañoso en la porción suroeste del estado, y es vecina de una de las zona residenciales de lujo que, además, conecta con otras zonas de gran importancia inmobiliaria en la capital y, que con las obras de infraestructura previstas para los próximos años, tendrá una conectividad estratégica con la Zona Industrial. Por estas razones, la empresa Espacios del Horizonte S.A de C.V. pretende adquirir dos mil 68 hectáreas del cerro Del Cerril, toda la colina que se ve de fondo cuando entras a la comunidad.
Para que esto sea posible, primero, se tiene que parcelar, es decir, los comuneros necesitan adquirir dominio pleno sobre su tierra de uso común para vender individualmente. Para Tomás Jasso, el inconveniente de fraccionar será la presión que ejercerán sobre ellos para vender. Él sabe, que los desarrolladores inmobiliarios harán todo lo posible por obtener las tierras y las promesas, de respetar la decisión de venta de cada comunero, son falsas.
Es domingo, 21 de julio del 2019, algunos habitantes de la comunidad de San Juan de Guadalupe están reunidos en los alrededores del salon comunal. No es un día cualquiera, y eso se nota: la zona está abarrotada de policías municipales y seguridad privada que resguardan el lugar, hoy, se celebra una Asamblea Comunal que dará inició a las diez de la mañana. Se hablará de los más de 20 millones de metros cuadrados que están en disputa.
Tomás está sentado en una barda en frente del salón. Él no tiene el derecho comunal de la familia Jasso, pero tiene una carta poder firmada por su hermano que le dará la posibilidad de participar en la Asamblea. Se llega la hora y se le niega la entrada, la carta poder no es válida, cinco guardias de seguridad le cierran el paso. Tomás tendrá acceso hasta las doce del día, cuando se informe sobre las dos mil hectáreas.
“San Juan de Guadalupe tiene desde principios de los ochentas, casi cuarenta años, con problemas. Esto de estar sufriendo en nuestra tierra no es nuevo”. Tomás continúa el legado de lucha de su papá, Don Pedro Jasso, figura de la resistencia y protección de la comunidad desde que inició el conflicto de tierras.
El papá de Tomás hizo visible nacionalmente el problema. El 12 de julio de 1997, Don Pedro y su burro, El Chaparro, llegaron al Zócalo de la Ciudad de México. El hombre de 87 años buscaba la resolución de los problemas de su comunidad: el comisariado de San Juan, llamados los Juanes Perreros, comercializaban ilegalmente cientos de hectáreas de tierras de uso común, sin pagar un solo peso a los comuneros. Cansado de la situación y con un hijo preso, acusado de despojo y robo de material de construcción, se plantó por catorce meses en la explanada del Zócalo. Regresó a casa cuando fue avisado de la próxima detención de los Juanes Perreros, situación que fue falsa.
El plantón de Don Pedro fue un acto desesperado, después de años de denuncias sin respuesta por parte de las autoridades de Gobierno del Estado. Pero, para Tomás, el conflicto continúa: la comercialización de tierras persiste y el comisariado sigue siendo comprado por los desarrolladores. Es la razón por la que está aquí, insistiendo en la asamblea.
Han pasado más de dos horas y Tomás tiene acceso al salón comunal, entran ocho policías tras él. Mientras tanto, algunos familiares de comuneros esperan afuera del lugar para conocer el futuro de sus tierras. Ningún elemento de la policía estatal ni de la seguridad privada se han retirado, aunque bajan un poco la guardia, en tanto, algunos opositores al proyecto inmobiliario se manifiestan con pancartas y gritos.
El sol de mediodía cala, pero todos esperan impacientes. Son pasadas de las dos de la tarde y empiezan a salir los primeros comuneros. A lo lejos se escucha: “No hay aportación de tierras, pero se habló de un contrato incierto” alguien más comenta “Sí, leyeron un contrato, pero es imposible entenderlo” algunos comuneros se ven y se escuchan confundidos.
Tomás y sus compañeros de lucha salen de la junta: “Fue una asamblea informativa, pero hubo votación y se están tomando acuerdos. No acudió ningún trabajador de la Procuraduría Agraria, pero había un notario (Lic. Leopoldo de la Garza Marroquín, Notario Público número treinta y tres del estado de San Luis Potosí) y David Sandoval Huerta, el asesor del comisariado. ¿Esto es válido?”.
A la semana de celebrada la asamblea se filtró el contrato acordado, donde se estipula el precio de compra: 1 peso con 53 centavos por metro cuadrado, dando un total de $83 mil 582 pesos, a cambio de más de 61 mil metros cuadrados por comunero, aproximadamente.
El contrato acuerda una asociación en participación, es decir, se pretende que los 335 comuneros, que conforman el registro, sean socios del proyecto inmobiliario. De esta forma, los comuneros aportaran sus títulos de propiedad parcelaria y el dinero a recibir será pagado por el concepto de utilidades, pero con contratos específicos para tan solo pagar lo estipulado por los predios.
En San Luis Potosí esta práctica no es nueva. Es más, la sociedad con ejidatarios fue una de las formas como Carlos López Medina, propietario de la empresa Espacios del Horizonte S.A de C.V., se consolidó como uno de los desarrolladores inmobiliarios más poderosos del estado, mediante un programa agrario.
Como consecuencia de la reforma al artículo 27 constitucional, en 1992, se permitió a los ejidatarios o comuneros enajenar sus tierras, creándose diversos programas agrarios federales que facilitaron esta práctica. El más representativo fue el Programa de Incorporación de Suelo Social (PISO), permitiendo que los núcleos agrarios ofrecieran e incorporarán suelo de sus ejidos o comunidades para el desarrollo urbano.
El PISO puso mayor énfasis en la aportación de tierras a sociedades mercantiles o civiles, creando las inmobiliarias ejidales. En la capital se crearon tres sociedades: Residencial La Tenería, Lomas de la Garita y Desarrollo del Pedregal; donde el grupo de inversionistas estaba conformado por: Vicente Rangel Lozano, Eduardo García Navarro y Carlos López Medina. De esta forma se permitió la incorporación 832.72 hectáreas del Ejido Garita de Jalisco, formando la colonia Colinas del Parque, que hoy en día, es de las zonas con más alta plusvalía de la capital del estado.
Aunque las sociedades fueron un éxito para los grupos de inversionistas, la realidad fue distinta y lamentable para los ochenta y cinco ejidatarios titulares. Desde un inicio, vivieron presiones para que el proyecto se desarrollara y muchos de los ejidatarios firmaron sin entender lo que pasaría con sus tierras, además, el terreno se valuó a un costo mínimo, a 52 millones 900 mil 962 nuevos pesos, que al día de hoy serian 52 mil 900 pesos. No todo fue malo, el ejido se vio beneficiado al recibir la mayoría de los servicios básicos y pavimentar gran parte de sus calles.
Según la legislación del PISO: “Su propósito central es promover que los núcleos agrarios que tengan suelo apto, si lo desean, lo oferten a quien lo necesite, cuidando que en el proceso respete la normatividad agraria y urbana aplicable, se desalienten los procesos especulativos, procurando que los núcleos de población agrarios participen en tiempo, cantidad y calidad de los productos inmobiliarios y se garanticen superficies y precios accesibles de suelo o vivienda a los consumidores urbanos de escasos recursos”. En San Luis Potosí se incumplieron todos los motivos fundamentales del programa.
El PISO estuvo lejos de cumplir con las metas previstas a nivel federal, sin satisfacer la demanda de los sectores sociales populares y promoviendo una estructura de desventaja entre los ejidatarios y los inversionistas privados, dándose por finalizado en el 2003.
Aunque vio el fin, este programa dotó a los desarrolladores de herramientas para continuar realizando proyectos inmobiliarios, ventajosos, por medio de asociaciones con los núcleos agrarios.
El 15 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia en Palacio Nacional, mencionó: “Empezamos en San Luis (Potosí), en la Sierra de San Miguelito, para proteger toda esa área. Se está hablando con los campesinos con la idea de que se les apoye. Desde luego hay muchos intereses de las inmobiliarias pero ya no es el tiempo de antes”.
Frente a la negativa de López Obrador y el llamado al consenso, se pensó que el proyecto de San Juan de Guadalupe se frenaría, pero continuó y con más fuerza. El 28 de agosto, López Medina presentó sus proyectos inmobiliarios de la zona, ante el Instituto Municipal de Planeación (Implan). Demostrando que este nuevo capítulo de resistencia para la Comunidad San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito apenas comienza, pero la historia parece que se repite.
Por Marcela Del Muro y ONEA México, fotografías de Mauricio Palos
