La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer sábado de la liberación de policías locales implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
La dependencia señaló, en un comunicado, que un juez de distrito en Matamoros ordenó la liberación de dichas personas, sin aclarar un número exacto.
“El juez de distrito en Matamoros dio un plazo de 10 días naturales para el cumplimiento de los protocolos de Estambul, a lo que la Fiscalía de Ayotzinapa solicitó la ampliación del plazo para tal cumplimiento (…) el juez de distrito se negó, otorgando la libertad a los policías locales procesados”, señaló la Fiscalía, que tampoco aclara cuándo estos elementos salieron de prisión.
La FGR explicó que pidió una ampliación del plazo para la aplicación de los protocolos ya que cada una de los investigados tenía que dar su anuencia, además de que la Fiscalía tenía que buscar a una “institución inobjetable” para ese proceso.
La dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero propuso para la tarea a las autoridades de la Ciudad de México en materia de derechos humanos, pero el argumento fue rechazado, señaló el comunicado.
Por ello, advirtió que, ante dicha circunstancias, la Fiscalía de Ayotzinapa, como órgano del Ministerio Público Federal, autónomo e independiente, “presentará todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias” para responsabilizar a quienes, en toda esta trayectoria delictiva, han incumplido con sus funciones.
Asimismo se comprometió a generar las acciones que puedan iniciarse al margen de la sentencia a la que ya se ha hecho mención.
Esta noticia se da después de que un juez federal dictara sentencia absolutoria a favor de Gildardo López Astudillo, alias ‘El Gil’, acusado de participar en el secuestro de los 43 normalistas, el pasado 30 de agosto, de acuerdo con Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación.
“El juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, desestimó 44 pruebas en contra de López Astudillo que buscaban acreditar el delito de secuestro (…) y consideró que se había aplicado el delito de tortura, a pesar de la Procuraduría General de la República de entonces realizó el examen médico psicológico reconocido como Protocolo de Estambul, donde se acreditó que no había sido torturado”, explicó el funcionario el 4 de septiembre.
En su comunicado la FGR recordó que desde que ocurrieron los hechos delictivos, la investigación del caso Ayotzinapa fue descalificada en forma permanente, tanto por la opinión pública como por los padres y familiares de las víctimas.
Al recapitular el caso, la Fiscalía apuntó que en octubre de 2015, la administración anterior creó una oficina de investigación del caso Iguala la cual también fue descalificada junto con la ‘verdad histórica’, que fue la versión oficial de los hechos delictivos referidos y la cual también fue impugnada por peritos y expertos internacionales.
“Durante todo ese lapso se iniciaron diversas denuncias por parte de familiares, organismos internacionales, organismos no gubernamentales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en razón de las irregularidades e ilegalidades y abusos que se habían dado en las investigaciones y procesos sobre este asunto, llegando algunos de estos recursos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, agregó.
Puntualizó que durante la administración anterior, el 31 de mayo de 2018, un Tribunal Colegiado emitió una sentencia en amparo señalando principalmente que se debía reponer el procedimiento aplicando los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaron haber sido torturados para obtener sus confesiones, así como que deberían establecerse las sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados.
Asimismo se debía crear una comisión de ciudadanos en la que participara la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, para cumplir con las funciones de investigación y persecución de los delitos.
Advirtió que la sentencia fue impugnada por la entonces PGR, con el argumento de que violentaba la función constitucional del Ministerio Público Federal, pero que también fue apoyada mediante diversos recursos que han permitido la situación que hoy se está enfrentando.
“Los padres y sus abogados presentaron recursos que han impedido que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre dicha sentencia del Tribunal Colegiado”, insistió.
Señaló que ya durante la presente administración se creó la Comisión para la Verdad, encabezada por Encinas y con la participación de los familiares de los normalistas, quienes se han reunido en forma constante.
“Desde el principio de la presente administración de la Fiscalía General de la República, está institución y la subsecretaría iniciaron la búsqueda de un nuevo fiscal independiente y autónomo para Ayotzinapa. Fue hasta el 26 de junio de este año que se nombró a Omar Gómez Trejo”, explica el comunicado.
Puntualizó que a partir de ese momento, el nuevo fiscal “independiente y autónomo” ha venido tratando de obtener toda la información de todos los procesos y de las gestiones ordenadas por la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas.
Por El Financiero.