Marcela Loyola
Jueces y magistrados presentaron una solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado contra el presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, Juan Paulo Almazán Cué, por abuso de poder, ejercicio indebido de las funciones públicas, y violaciones a los derechos humanos.
En rueda de prensa dieron a conocer que ya se presentó la solicitud ante el Congreso del Estado, donde se entregaron 144 hojas que contienen la demanda de solicitud de juicio político con un anexo de 50 pruebas fehacientes documentales y testimoniales, y algunas inspecciones, todas relacionadas a comprobar los hechos y violaciones en las que incurrió que vienen en la nueva ley de juicio político.
El presidente de la asociación de abogados y postulantes especialista en oralidad, Efraín Torres Salazar resaltó que este es el primer juicio político contra un presidente de un Tribunal de Justicia presentado por sus propios funcionarios, por eso estarán muy al pendientes de este caso y de la actuación de los diputados.
“Hacemos un llamado a todos los legisladores, de todas las fracciones parlamentarias, pidiéndoles que fuera el influyentismo y líneas políticas marcadas o de cualquier situación vean de manera imparcial esta demanda y estas pruebas sean analizadas porque están realizadas de manera minuciosa y cada hecho que aquí se relata se encuentra debidamente acreditado con una prueba fehaciente, de tal manera que conforme a la ley de juicio político actualizada, se reúnen mínimo en dos fracciones los elementos necesarios para la procedencia de juicio político”, afirmó.
Expuso que uno de los casos fue de Emilio Ortiz Monrroy, quien fue removido de juez de primera instancia por no haber votado para elegir como presidente de la asociación de jueces a Carlos Díaz Flores, “como no quiso tomar esa línea dictada por el presidente es que vienen todas esas represalias y cambios de adscripción sin fundamento alguno, violando sus derechos humanos.
Otro de los casos es el de Adriana Monter, donde hubo falsificación de documentos para dar prioridad al nombramiento del señor Felipe Aurelio, y al remoción de cargos que le estuvieron haciendo.
Otro caso es de Juan Fernando Salazar, a quien le han estado negando los derechos burocráticos y han hecho cambios de adscripción de manera constante, al igual que a Julián Ruiz Contreras, quien por renunciar a ser juez de oralidad vino la persecución y se generaron cinco cambios en corto tiempo.
También, Javier Pérez Contreras tiene una persecución en su contra por no acatar las órdenes del presidente Almazán Cué.
Adelantaron que debido a esta situación de violación a los derechos humanos entregarán otro documento al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos; a la secretaria de gobernación, Olga Cordero Sánchez; al gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López; a la Comisión Interamericana de Derechos humanos; al senador Ricardo Monreal, a todos para su conocimiento e integración.
Además, señalaron que al licenciado Emilio se le notificó su suspensión cuando se debe de hacer en una sesión previamente agendada la cual no hubo este martes porque si no estaría registrada.
Por su parte la magistrada Adriana Monter denuncio que debido a las malas decisiones del presidente del Supremo Tribunal de Justicia tuvo que pagar 800 mil pesos mermado las arcas del Poder Judicial.
Además, dijo ser víctima de acoso laboral por parte de Almazán Cué y por eso piden protección para evitar que continúe el abuso de poder de su parte, así como el acoso laboral.