El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular entre el jueves y la madrugada de este viernes las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia educativa.
La primera en ser aprobada -con 285 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones- fue la Ley General de Educación, que contempla la abrogación de la Ley de la Infraestructura Física Educativa.
Este dictamen tiene como objetivo regular la educación que imparta el Estado -Federación, estados, Ciudad de México y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.
También se considera a la educación un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado, de acuerdo con la Cámara de Diputados.
La norma precisa que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.
“Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos menores de dieciocho años asistan a las escuelas, para recibir educación obligatoria, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño”, apunta.
Como elemento se revaloriza al magisterio al concebirse como un agente fundamental en el proceso educativo, por lo que se buscará el fortalecimiento de la formación docente, los planteles educativos, la mejora continua de la educación, el federalismo educativo y el financiamiento a la educación.
Además, fomentará la participación activa de los educandos, padres de familia o tutores, maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Nacional, para asegurar que extienda sus beneficios a todos los sectores sociales, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural.
En tanto, los recursos que eran entregados al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), ahora se harán llegar directamente a los comités de maestros y padres de familia en las escuelas.
Segunda ley
Con 273 votos a favor, 113 en contra y 0 abstenciones, se avaló también la Ley Reglamentaria del Artículo 3ro de la Constitución Política en materia de Mejora Continua de la Educación.
Dicha ley contempla la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y la creación de un nuevo Sistema Nacional de Mejora Continua, coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y de patrimonio propio.
Este sistema tiene como atribuciones realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del sistema educativo nacional; determinar indicadores de resultados; establecer criterios para el certificado de los procesos, así como emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, del desempeño escolar, de resultados de aprendizaje, de la mejora de las escuelas y de la organización y profesionalización de gestión escolar.
Para su organización administrativa, la ley crea una Comisión Nacional y un Sistema Nacional como instancia de consulta y deliberación.
La nueva ley contiene 181 artículos y 17 transitorios agrupados en 11 títulos.
Los legisladores de oposición se reservaron 17 propuestas de modificación para su discusión en lo particular, aunque la mayoría de Morena y sus aliados no aceptaron cambios al dictamen.
Tercera ley
La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la cual, presenta las bases para reconocer la contribución de las y los maestros en la transformación social recibió 234 votos a favor, 81 en contra y cero abstenciones.
Esta incluye las disposiciones del Sistema para la Carrera de los docentes, con pleno respeto a sus derechos; las normas en los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente, directivo o de supervisión; y revaloriza a las y los maestros como profesionales de la educación.
Con esto se dignifican las condiciones bajo las cuales los docentes prestan el servicio público educativo, por lo que se les dotará de los elementos necesarios para desempeñar esta labor.
Posturas en contra
La diputada Kehila Abigail Ku Escalante, de Movimiento Ciudadano, destacó que de los dictámenes se eliminó un texto que habla de la educación indígena, mismo que decía: contribuirá al conocimiento, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales como medio de comunicación de enseñanza y objeto de estudio.
También fijo su postura en contra la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del PRD. Sostuvo que lo aprobado deja en manos de diversos actores varios sesgos que infringen el derecho de los aspirantes a participar en el sistema de carrera magisterial.
La diputada del PRI Ana Lilia Herrera Anzaldo dijo que esta legislación secundaria no vela por los intereses de la niñez y la juventud ni garantiza la calidad que requiere la educación. “Mi grupo parlamentario presentará numerosas reservas para frenar el retroceso que se pretenden aprobar”.
Por El Financiero.