Este lunes, el gobierno de la capital presentó ante el Congreso del Estado una denuncia de juicio político en contra del ex presidente municipal, Ricardo Gallardo Juárez; y el ex tesorero y actual diputado local, Jesús Emmanuel Ramos Hernández, en la que se solicita la inhabilitación del ex alcalde por 20 años para cualquier encargo en el servicio público; y en el caso del legislador, se pide su destitución y una inhabilitación por igual número de años.
La segunda Síndica, Alicia Nayeli Vázquez Martínez dijo que dada la gravedad de los actos de los ex funcionarios municipales en contra del Ayuntamiento de San Luis Potosí, esta denuncia de juicio político es independiente de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que en sus diversas vías legales ya se les reclaman, por el daño de mil 30 millones de pesos en contra del municipio.
“Aunque en el 2015, la ciudadanía le otorgó la confianza a Ricardo Gallardo Juárez y le entregó la administración pública de los recursos, en 2018 el mismo pueblo potosino al verse defraudado, maltratado y saqueado, decidió no refrendar su voto de confianza y lo sancionó retirando la confianza pública que le había otorgado… Y el pueblo no se equivocó”, recalcó.
Acompañada por el Secretario General del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García, detalló que la inhabilitación tanto para el ex presidente municipal como para el ex tesorero, es para cualquier empleo, puesto, cargo y comisión en el servicio público sea de elección o designación. También se detallan varios casos en los que se exponen claramente al Congreso Local, daños al erario que suman más de mil millones de pesos, “recursos que bien pudieron emplearse en más acciones, obras y programas a favor de la población potosina”.
Entre los casos destacan: el fraude que hicieron contra la Secretaría de Hacienda a través de contratos y pagos realizados a una empresa declarada por el SAT como Empresa Facturadora de Operaciones Simuladas, con seis facturas que “nos costaron a la población potosina más de 6 millones de pesos; la nómina maestra que superó los 60 millones; obras pagadas no ejecutadas en calles como García Diego, Benigno Arriaga y por supuesto, en avenida Fray Diego de la Magdalena”.
Asimismo, se destaca un terreno a favor de Ricardo Gallardo dentro del Área Natural Protegida de Camino a la Presa, en desacato a la decisión de un juez federal; retenciones a la plantilla laboral municipal pero no enteradas al SAT, que en suma ascienden a 267 millones de pesos, “y esto es sólo es una pequeña muestra de lo que encontramos en el Ayuntamiento al llegar hace un año”.
La síndica municipal reafirmó que todo esto, se traduce en una defraudación a la hacienda pública, en desvío de recursos públicos que no sólo atentaron, “sino siguen atentando porque aún luchan por apoderarse el predio en el área protegida; además de engañar al recurso más importante del Ayuntamiento que es sus trabajadores”.
Finalmente, remarcó: “es momento que se haga justicia a la ciudadanía. Necesitamos que el Congreso del Estado haga valer los derechos de las potosinas y potosinos y apliquen una sanción ejemplar por medio del juicio político para que nunca más se defraude a la ciudadanía y evitar que se institucionalice la impunidad, sobre todo, porque la solicitud está debidamente argumentada y con pruebas”.