Los ex presidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva, en prisión desde abril pasado, y Dilma Rousseff serán enjuiciados por asociación ilícita en un caso de corrupción, informaron ayer fuentes oficiales.
La decisión de un tribunal del Distrito Federal fue confirmada luego por el PT, que en un comunicado consideró el hecho como una “escandalosa maniobra” contra sus miembros “que no se sustenta en hechos ni pruebas”.
Rousseff, Lula, la presidenta del PT Gleisi Hoffmann, los ex ministros de Hacienda, Guido Mantega y Antonio Palocci, y de Planificación, Paulo Bernardo, entre otros, fueron acusados desde septiembre del año pasado ante el Supremo Tribunal Federal (STF) por el entonces Fiscal General Rodrigo Janot.
Según Janot, durante sus gobiernos formaron una organización criminal que habría recibido mil 480 millones de reales (hoy unos 390 millones de dólares) de sobornos en dinero desviado del Estado. El tribunal que aceptó la denuncia pidió a los procesados presentar su defensa en un plazo de 15 días.
La acusación fiscal coloca a Lula como líder de la organización y sostiene que se cometieron crímenes de corrupción y lavado de dinero relacionados con el ministerio de Energía, Petrobras y las constructoras Odebrecht o Andrade Gutierrez, envueltas en el escándalo Lava Jato de pago de sobornos a cambio de obras públicas que estremece a América Latina.
“DELIRIO ACUSATORIO”
En este sentido, el PT aseguró que las denuncias son un “delirio acusatorio” y recordó que el partido ha sido envuelto recientemente, sin pruebas, en dos nuevas operaciones del caso Lava Jato. La semana pasada, un juez decidió procesar también al ex candidato de izquierda Fernando Haddad por supuesta corrupción durante su gestión como alcalde de Sao Paulo (2013-2017).
Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, cumple desde el pasado 7 de abril una condena de 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en otro proceso penal también ligado a los desvíos que ocurrieron en la petrolera.
El líder progresista tiene por lo menos otros tres procesos abiertos ante la justicia, en los que se declara inocente y denuncia una persecución judicial.
En lo que respecta a Rousseff, quien fue presidenta de Brasil entre 2011 y 2016, se trata del primer proceso penal en su contra, ya que su destitución de la presidencia tuvo que ver con problemas de manejo fiscal.