La Comisión de Puntos Constitucionales se reunió con Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), quien reconoció el tamaño del desafío del nuevo gobierno en materia de seguridad, heredado por las estrategias de administraciones anteriores.
Aseguró que en el 2018 los homicidios han llegado a los niveles más altos del siglo, el crimen organizado ha infiltrado a muchas autoridades públicas y los indicadores en materia de derechos humanos son igualmente preocupantes, pues desde 2006 el número de desaparecidos, torturados, ejecutados extrajudicialmente, detenidos arbitrariamente y la violencia en contra de periodistas y defensores se dispararon, generando la cifra abrumadora de más 38 mil personas oficialmente registradas.
En tanto, se poseen centenares de fosas clandestinas. “Ese es el tamaño del desafío que enfrentan las nuevas autoridades federales”, subrayó.
En la reunión, donde se analizó el dictamen que reforma los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución, respecto a la creación de la Guardia Nacional, el representante de la ONU-DH afirmó que la prioridad de este organismo internacional con México es favorecer el paradigma de seguridad, el cual proteja a la población y garantice el respeto a los derechos humanos. No debe ser sólo una figura retórica, sino de importancia tangible.
Consideró que en el contexto de las políticas de seguridad y del uso de fuerza, se debe hacer una pausa y reflexionar en los derechos fundamentales como el de la vida, la libertad, la seguridad, a no ser sometido a la tortura o trato cruel, inhumano o degradante. La perspectiva del cambio de paradigma de seguridad, prometido por el actual Ejecutivo, significa una fuente de esperanza, subrayó.
Jan Jarab coincidió en varios cambios de enfoques contenidos en la estrategia de seguridad del actual gobierno, pues en primera instancia se busca materializar la paz y superar la lógica de guerra; transitar hacia una regulación menos represiva en la política de drogas; combatir la corrupción y priorizar la prevención.
Concordó, asimismo, en reducir la desigualdad social y económica; es fundamental, ya que estos elementos son las principales causas de la inseguridad y la destrucción del tejido social, apuntó.
Sin embargo, señaló que es preocupante la definición de la Guardia Nacional como militarización de la seguridad pública; desde el 2008, comentó este organismo ha advertido que esta decisión sería problemática en términos de derechos humanos, ya que el entrenamiento y la filosofía de los militares, basadas en el combate del enemigo, no son idóneos para la prevención y persecución del crimen.
Recomendó a los legisladores desarrollar un programa de fortalecimiento real de las corporaciones civiles y, con ello, permitir el retiro paulatino, ordenado, planificado, medible y verificable de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.