Municipios de Zacatecas y San Luis Potosí interpusieron varias controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a la pretensión del gobierno federal de desaparecer el Fondo Minero.
En total, 10 municipios de ambos estados interpusieron el mismo número de controversias buscando que se anule la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Ingresos, donde se modificó lo relativo al fondo.
Las reformas realizadas indican que la Secretaría de Economía deberá constituir una banca de desarrollo para administrar el Fondo Minero en un plazo de 90 días a partir del 28 de diciembre de 2018, tras lo cual se decidirá su destino de manera directa o coordinada con entidades federativas y municipios.
Los municipios inconformes, que incluyen a Villanueva, Sombrerete, Melchor Ocampo, Chalchihuites, Mazapil y Morelos, en Zacatecas; así como a Charcas, Villa de la Paz, Guadalcázar y Villa de Zaragoza, en San Luis Potosí, se suman a los 22 municipios de Chihuahua y a Álamos, Sonora.
Al respecto, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, señaló que es preocupante que el gobierno federal se apropie de todos los fondos destinados a minería y que quiera utilizarlos “para financiar tandas de microcréditos a la palabra”.
Finalmente, afirmó que “no nos oponemos a los programas sociales y a los programas de financiamiento que el presidente quiere hacer; lo que estamos defendiendo son los recursos que pertenecen a los municipios del estado de Chihuahua, porque para eso nació el Fondo Minero”.
[Con información de Unomásuno]