El gobierno de Venezuela expresó su “enérgico repudio” a la renovación por un año más del decreto de Estados Unidos de 2015 en el que lo declara como una amenaza “inusual y extraordinaria” contra la seguridad estadunidense.
En un comunicado de la Cancillería, el gobierno de Nicolás Maduro expresó “su enérgico repudio a la cínica decisión del gobierno de Donald Trump de extender por un año más la infame orden ejecutiva aprobada inicialmente en 2015 por el ex presidente Barack Obama”.
En este decreto, se recuerda, se califica a Venezuela como una amenaza “inusual y extraordinaria” contra la seguridad de EU.
“Para la inmensa mayoría de los países del mundo resulta inconcebible que la primera potencia militar del planeta, que no desaprovecha la menor oportunidad para violar el derecho internacional y que sistemáticamente hace uso de la fuerza en beneficio de sus propios intereses, pretenda calificar a Venezuela de ‘amenaza'”, dice el escrito.
Asimismo, se indica que “resulta paradójico que después de amenazar reiteradamente al pueblo venezolano con una intervención militar, afirmando continuamente que ‘todas las opciones están sobre la mesa’, el gobierno estadunidense pretenda hacer creer que se siente amenazado” por Venezuela.
Venezuela denunció en este comunicado la “peligrosa hipocresía” del gobierno “supremacista” del presidente estadunidense, Donald Trump, y pidió a la comunidad internacional rechazar “este nuevo intento de encubrir las acciones ilegales de Estados Unidos para propiciar el derrocamiento” del gobierno de Nicolás Maduro.
“Han sido precisamente las amenazas de la Administración Trump las que han despertado y activado un poderoso movimiento contra la guerra y en solidaridad con Venezuela en el seno del propio pueblo de los Estados Unidos”, se asegura en el comunicado.
Asimismo se reitera lo dicho en reiteradas ocasiones por portavoces del chavismo que aseguran que el gobierno de Trump quiere derrocar a Maduro “con el único fin de tomar el control de las riquezas naturales del país”.
El decreto sobre Venezuela fue aprobado en marzo de 2015 por Obama y su aplicación ha sido extendida cada año, al considerar que el gobierno de Maduro incurrió en violaciones a los derechos humanos, a la libertad de información y persecución de opositores.
Con información de Milenio