El senador Marco Antonio Gama Basarte confirmó que el Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial Federal, concedió la suspensión provisional con medida cautelar a una madre usuaria de una las estancias infantiles de San Luis Potosí, para que se le garantice a ella y demás padres de familia que quieran acogerse a dicha medida, la continuidad del programa para el ejercicio fiscal 2019.
Este caso fue parte de la asesoría legal que brindó, y la resolución fue concedida con pleno apego a derecho y gracias a la independencia de poderes.
Añadió que el juez que concedió la suspensión consideró que debido a que en este momento no existe claridad en cuanto a los medios o mecanismos que utilizará la Secretaría del Bienestar (SB) para la entrega directa de los apoyos a los padres de familia, es procedente imponer dicha medida.
Gama Basarte aseveró que como muestra de lo anterior que en el artículo tercero transitorio de las Reglas de Operación para 2019 se estipuló que la entrega de los beneficios correspondientes a los meses de enero y febrero de este año, se realizaría “a más tardar”, el último día hábil de marzo, mediante el mecanismo que establecería la SB, sin que esto ocurriera.
El juzgador señaló que igualmente destaca el hecho de que tampoco se precisó lo relativo al mecanismo que utilizará la SB para los restantes meses o bimestres de este año.
Ante ello consideró que dicha ambigüedad es susceptible de generar incertidumbre entre los quejosos, lo cual justifica conceder la medida cautelar con la finalidad de garantizar que los apoyos económicos se otorgarán a los beneficiarios con la debida oportunidad.
El senador panista manifestó que el juez concedió la suspensión, ante lo cual, la SB deberá hacer la entrega de los apoyos correspondientes a enero y febrero, así como los subsecuentes meses, lo que deberá acreditar ante la juez de distrito con las constancias correspondientes.
Destacó la importancia de que cualquier medida que tomen las autoridades sin importar de qué partido hayan emanado, estén bien sustentadas, sean justas y con criterios correctamente definidos.
En el caso de las estancias infantiles cualquier discusión se debe centrar únicamente en torno al marco legal en el que se están atendiendo, “hacer lo contrario es contribuir a la polarización del país y atenta contra la dignidad de las personas”.