La Fundación Gilberto Rincón Gallardo y Educación y Ciudadanía (Educiac), plantearán al Ayuntamiento de San Luis Potosí propusieron al alcalde Xavier Nava Palacios la creación del Instituto Municipal para Prevenir la Discriminación “que abone en el cambio social a través de políticas públicas que promuevan la igualdad sustantiva”.
Aseguraron que este instituto “puede ser una parte fundamental para lograr las acciones de gobierno que necesitamos para abonar al cumplimiento del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las leyes antidiscriminación y a los tratados internacionales”.
Para la elaboración de esta propuesta “hemos recibido asesoría y acompañamiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)”.
Establecen que “la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido; hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida”.
El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos.
Entre las características que tendría el instituto de ser aprobado, entre otras son: apegarse a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de San Luis Potosí y debe ubicarse en el Reglamento Municipal; deben estipularse sus atribuciones, objeto, competencia y presupuesto en el Reglamento Municipal, garantizando su presupuesto anual; debe encargarse de transversalizar la igualdad y no discriminación en toda la administración pública municipal.
Deberá ser descentralizado y sectorizado a la Presidencia Municipal; debe contar con tres órganos, dos honoríficos y uno de dirigencia, que deben ser interdependientes; debe contar, cuando menos, con la siguiente estructura: un área de vinculación, cultura y educación; área de quejas y aea de políticas públicas.