En un boletín de prensa, el secretario de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Joel Ramírez Díaz, informó que el desalojo de maestros inconformes se realizó de manera pacífica con la presencia de personal de la CEDH y un notario público.
Dio a conocer que se presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes por los hechos, entre los que se encuentran: privación ilegal de la libertad y la obstrucción ilegal del servicio educativo”.
Expuso que “hay una radicalización de las demandas, las cuales se han convertido ya en acciones ilegales como lo es la obstrucción del servicio que presta la SEGE, además de la privación ilegal de la libertad al impedir la salida del personal administrativo el lunes y martes, las demandas que manifiestan los asesores son improcedentes, toda vez que es un tema que pertenece al ámbito federal, lo cual ya se les ha explicado amplia y detalladamente”.
Ramírez Díaz aseguró que “se ha afectado a la ciudadanía, pues quienes necesitan realizar un trámite se han visto impedidos para hacerlo, inclusive a quienes vienen de otros municipios a realizarlo, con la afectación económica que ello representa, “además que se debe procesar la nómina para los más de 30 mil docentes del estado, lo cual, de no poderse realizar, generará una afectación aún mayor, sin mencionar todos los demás trámites que están detenidos”.
El titular de SEGE reiteró que el Programa Nacional de Inglés (PRONI) es instrumentado por la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, que está sujeto a las reglas de operación que lo rigen y las cuales se cumplen por parte del Gobierno del Estado, pero que no es una decisión que corresponda a San Luis Potosí modificarlas.
Dijo que el pasado lunes se les ofreció integrar una mesa de trabajo con una comisión conformada por asesores externos para que acudan a la SEP en la Ciudad de México, donde se les pueda proporcionar mayor información y se aclaren las dudas e inquietudes.