En reunión de trabajo de la comisión de transparencia y acceso a la información pública de la LXII Legislatura aprobó la reforma al artículo 163 y derogar los artículos 164 a 167 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, para establecer claramente los procedimientos para la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los funcionarios municipales, informó la diputada María Isabel González Tovar, presidenta de esta comisión.
En este sentido, señaló la legisladora, la reforma especifica claramente que se deberá atender a lo dispuesto en la ley de responsabilidades administrativas para el estado de San Luis Potosí, y también en caso de incumplimiento, los servidores públicos municipales deberán ser sancionados de acuerdo a este ordenamiento.
Esto debido a que actualmente la legislación queda desfasada y resulta inaplicable, por lo que es necesario, reformar y derogar respectivamente las disposiciones aludidas, en razón de que se encuentran previstas en un ordenamiento diseñado específicamente para cumplir con tal objetivo, que es la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí.
“Sobre todo es remitir todo lo relativo a declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, que se siga mediante el procedimiento de la Ley de Responsabilidades; no queremos que existan lagunas jurídicas en una disposición de carácter normativo como es la Ley Orgánica y lo que todos los servidores públicos estamos obligados como es la Ley de Responsabilidades”, manifestó.
También se acordó presentar al pleno el dictamen que reforma los artículos 3º en su fracción XXXV, 6º, 23, 34 en su fracción XXII, 88 en su fracción I inciso f, 190, 200, y 205 en su primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación a incorporar como sujetos obligados de esta ley, a los candidatos independientes.
La legisladora explicó que debido a que los candidatos independientes al recibir y ejercer fondos públicos, deben ser considerados como Sujetos Obligados, con lo que se busca otorgar certeza jurídica, dentro del alcance de la Ley de Transparencia del Estado.
Agrego que ambos dictámenes fueron dictaminados como procedentes por la comisión, por lo cual serán turnados al pleno para su votación en una próxima sesión ordinaria.