La Comisión Estatal de Derechos Humanos muestra su preocupación ante la convocatoria emitida por el Congreso del Estado para ocupar el puesto de titular de la Contraloría Interna de este organismo autónomo, ya que en dicho documento se prevén requisitos que violan la Constitución Mexicana y Tratados Internacionales, tales como: “No haber sido condenado por delito doloso que haya ameritado pena privativa de libertad” y “Contar con carta de no antecedentes penales”.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero reconoce el derecho a la no discriminación al señalar que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Además de infringir la Carta Magna de nuestro país también transgrede la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en su definición de libertad, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículos 7º y 12, ya que este último define que: “el respeto a la vida privada es un derecho humano que permite un marco de seguridad jurídica contra la intromisión de algún tercero o contra la intromisión ilegal y abusiva del Estado, garantizando, por tanto, que los demás no tengan información sobre datos, respecto de una persona que no quiera que sean públicamente conocidos”.
En este sentido el derecho humano implica que todas las personas deben ser tratadas en condiciones de igualdad, situación que puede extenderse a cualquier aspecto de su vida privada, aun tratándose de condiciones que impliquen ejercer cualquier trabajo, por ello la CEDH considera que la convocatoria pública del Poder Legislativo del Estado excluye de participar a cualquier persona que haya tenido una condena por delito doloso y solicitar una carta de no antecedentes no penales, contraviene los derechos humanos a la igualad, a la no discriminación, a la vida privada, al trabajo y a la reinserción social.
De acuerdo a lo anterior es necesario considerar que los antecedentes penales, forman parte de la vida privada de una persona en relación directa con su pasado, y que en busca de reintegrarse a la sociedad busca una vida laboral, lo cual se ve obstaculizado por condiciones de discriminación.
La CEDH exhorta al Poder Legislativo de San Luis Potosí a realizar lo necesario para garantizar a las y los participantes el respeto irrestricto de sus derechos humanos.