A través de un comunicado de prensa, comuneros de San Juan de Guadalupe denunciaron que tres líderes que encabezan la lucha contra el despojo de sus tierras, han sido vinculados a proceso y están a un paso de ser encarcelados.
Se trata del caso de un predio comunal que fue vendido de manera irregular por un empresario a otro particular.
Este es el boletín emitido por la “Comunidad de San Juan de Guadalupe en Resistencia”:
En medio de la tragedia ecológica que vive la Sierra de San Miguelito, donde la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito se encuentra inmersa un Juez de Control ha decidido este martes vincular a proceso a los principales líderes de la resistencia.
Noel de la Rosa Bravo, Tomas Jasso Menchaca y Agustín Jasso Juárez, injustamente están siendo procesados y pudieran ser encarcelados en los próximos días, acusados por defender un predio comunal que fue vendido irregularmente por el empresario Esteban Olmos a un fraccionador de nombre Juan Ramón Cázares Sánchez.
Un predio que históricamente ha simbolizado la resistencia a los especuladores del suelo y que ha sido resguardado por familias de Tierra Blanca de origen más humilde. Se trata del Expediente CDI/PGJE/ZC/SLP/12881/16RU:16197/2017.
El Gobierno del Estado a través del Instituto Registral y Catastral del Estado otorgó escrituras de propiedad en un solar comunal en favor de fraccionadores. Esto se encuentra registrado bajo el Folio 191672, como aparece en una boleta de fecha 5 de agosto del 2016, en un contrato de compraventa con reserva de Dominio, validado por la Subdirección del Registro Publico de la Propiedad.
Los vinculados a proceso, integrantes del grupo “Emiliano Zapata”, no han aceptado recibir un peso de los fraccionadores y no han firmado ningún acuerdo o negociación que signifique perjuicio a los intereses de la Comunidad. Tomas Jasso Menchaca es hijo del comunero Pedro Jasso Bravo quien marchara a la Ciudad de México en el famoso burro “Chaparro” en el año de 1997.
Carlos Covarrubias Rendón, quien es parte del equipo de defensa de los comuneros, manifestó que se trata de un acto brutal, infame y vergonzoso. Es una imputación aberrante, carente de datos de prueba, manipulada desde el Palacio de Gobierno y desde las empresas inmobiliarias que, así como a la sierra, también tratan de destruir a los símbolos de la resistencia comunal.
La torpeza del Gobierno solo le arroja más leña al fuego. Este asunto se va a radicalizar señaló José Corpus Salazar, quien es abogado y también nieto de Comuneros.