Personal del ayuntamiento capitalino presentó las primeras denuncias en la Fiscalía General del Estado en contra de quien resulte responsable por los delitos de fraude y abuso de confianza, debido a que la pasada administración no cumplió con pagos a la que estaba obligada a cajas de ahorro y financieras, a pesar de las retenciones que se hicieron a más de 200 empleadas y trabajadores municipales.
En representación de las personas afectadas que hicieron presencia en las escalinatas de la Unidad Administrativa Municipal, J. Mauricio N. empleado del ayuntamiento, explicó que en el trienio pasado solicitó un crédito a la empresa FAMSA y a pesar de que la pasada administración, le realizaba descuentos quincenales y así quedaba establecido en el recibo de nómina, la autoridad no cumplió con la obligación de hacer tales pagos a la entidad que otorgó la financiación, “por eso decidimos interponer esta demanda, a la cual confiamos se les dé el seguimiento y finalmente, se castigue a los responsables de este robo”.
Destacó el apoyo del actual gobierno capitalino para saldar la millonaria deuda que afectó y pone en riesgo el patrimonio de cientos de familias debido a esta grave irregularidad en contra de personal que labora en la gestión municipal.
Por su parte, el Tesorero, Rodrigo Portilla Díaz precisó que el monto aproximado de las retenciones efectuadas y no pagadas a las empresas financieras es de 11 millones de pesos, por lo que, para evitar mayores afectaciones a las trabajadoras y empleados, el alcalde, Xavier Nava Palacios ordenó atender esta situación, por lo que en este trimestre quedará saldada la millonaria deuda dejada por la pasada administración.
Recordó que la gestión municipal anterior celebró diversos convenios con empresas financieras -en el caso que nos ocupa con FAMSA y Caja Libertad-, con la finalidad de que otorgaran créditos personales a trabajadores del ayuntamiento, y fuera éste mismo quien realizara las retenciones respectivas para después transferir los fondos retenidos a cada una de ellas, “es decir el Gobierno sólo era el medio de pago, pero no se desempeñó como tal en perjuicio del personal”.
En su intervención, la Síndico, Alicia Nayeli Vázquez Martínez reveló que más de 180 trabajadores fueron molestados en su patrimonio para rematar la deuda adquirida, aunque en general fueron 250, a quienes se les ejecutaron descuentos vía nómina que no se pagaron a cajas y financieras. Esa omisión, les afectó porque las financieras requirieron aparte el pago del préstamo y créditos otorgados, derivando en notificaciones de pronto pago, demandas de ejecución y tuvo como consecuencia que ingresaran al Buró de Crédito con estatus negativo, además de la posibilidad de perder su patrimonio frente a alguna acción legal que pudiera llevar a cabo la financiera.
Finalmente, dio a conocer que el ayuntamiento tendrá que afrontar la obligación de pago a las empresas financieras; por la posibilidad de que las financieras intenten acciones legales que atañen para reclamar lo que por derecho les corresponde. Y ante el millonario desembolso que hará la actual administración, sufrió un daño el patrimonio de la ciudad, por esta irregularidad permitida durante el trienio pasado.