El caso de la Fiscalía General de la República (FGR) contra María del Rosario Robles Berlanga no se integró por peculado, malversación, enriquecimiento ilícito o desvío de recursos, y sí, en cambio, por ejercicio indebido del servicio público, delito que, más allá de las consecuencias para la exfuncionaria, coloca por primera vez en el centro de un proceso penal al expresidente Enrique Peña Nieto.
La comparecencia del pasado jueves 8 constituye de por sí un hecho histórico: Robles se convirtió en la primera exsecretaria de Estado en la historia en ser imputada por hechos de corrupción, así como la segunda llamada a proceso; el primero fue Luis Echeverría, quien compareció en julio de 2002, en calidad de exsecretario de Gobernación, en la investigación de la matanza de Tlatelolco.
Pero la relevancia del caso se relaciona con el tipo penal. Según la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018, la imputación se funda en el artículo 214 fracción III del Código Penal Federal.
Dicho precepto establece que comete el delito de ejercicio indebido del servicio público quien “teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia” o entidad gubernamental por cualquier acto u omisión, “no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades”.
El de ejercicio indebido del servicio público es un delito que se castiga con prisión e inhabilitación para ejercer un cargo público de dos a siete años, además de una multa que puede ir de 30 a 300 veces el salario mínimo vigente al momento de cometerse el ilícito, aunque por tratarse de un delito menor –no grave– la acusada podría quedar en libertad mediante el pago de una fianza.
Y puesto que durante seis años el superior inmediato de Robles fue el hoy expresidente Enrique Peña Nieto, la estrategia de la FGR se orienta a que, en caso de que el proceso continúe una vez que concluya la audiencia de imputación este lunes 12, la exfuncionaria acepte la responsabilidad por no haber informado al entonces mandatario del desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos y 25 centavos, o bien, a que aun habiéndole informado, ninguno de los dos hubiera tomado medidas para evitar que siguiera ocurriendo.
(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2232, ya en circulación)