Con el propósito de sancionar a quien obligue a los trabajadores a firmar documentos en blanco, o de cualquier otro tipo que impliquen renuncia de los derechos del trabajador, o le impongan obligaciones a éste, con el fin menoscabarlos o anularlos, ya sea que el trabajador labore en una empresa o institución pública o privada, la diputada Martha Barajas García, presentó una iniciativa que propone adicionar la fracción V al artículo 258 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.
Explicó que su iniciativa, busca establecer que esta práctica se configure como un delito que se sancionará con una pena de uno a cinco años de prisión y sanción pecuniaria de cien a quinientos días del valor de la unidad de medida y actualización.
Señaló que hacer firmar en blanco a un trabajador es muy recurrente de los patrones al momento de contratar trabajadores, que se les obligue a firmar su renuncia, sin fecha o algún documento en blanco, que posteriormente llena el patrón al momento de despedirlos, lo cual implica renuncia de sus derechos como trabajadores. “Esta práctica vejatoria que utilizan los patrones es con el objeto de condicionar al trabajador el acceso a un empleo, haciendo que el operario renuncie a sus derechos más elementales”.
Por lo anterior, la legisladora, recordó que la propuesta de adición al artículo 258 del Código Penal del Estado, de San Luis Potosí, establecería que comete el delito de uso de objeto o documento falso o alterado, quien, dolosamente hace uso de un objeto o documento falso o alterado y pretende que produzca efectos legales. Además, se considera que para eximirse de un servicio o de una obligación impuesta por la ley, aduce una enfermedad o impedimento que no tiene y para ello se vale de una certificación que resulta falsa.
La presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura, diputada Martha Barajas García, advirtió que este tipo de prácticas en muchos casos la justifican los empleadores como una forma de proteger a la empresa u organización; con lo que el patrón podría ahorrarse el pago de derechos al trabajador, como lo es una liquidación justa. Sin embargo, “se debe considerar que esta práctica es abusiva y rapaz, por lo que debe erradicarse pues genera inseguridad laboral, y un estado de indefensión para el trabajador que pierde su forma de sustento y, por lo tanto, su estabilidad económica. Estos hechos solo confirman que las y los trabajadores son un grupo en situación de vulnerabilidad que, por su dependencia económica, su situación de subordinación y su necesidad económica, es constantemente abusado por los patrones o superiores jerárquicos”.
Por último, destacó que también se plantea sancionar a quien conociendo su falsedad (documento), haga uso de los sellos o de los objetos para engañar a un trabajador. Además, a quien emplee sellos verdaderos en objetos falsificados para hacerlos pasar como legítimos. Puntualizó que se igual forma se sancionaría a quien obligue a los trabajadores a firmar documentos en blanco, o de cualquier otro tipo que impliquen renuncia de los derechos del trabajador, o le impongan obligaciones a éste, con el fin menoscabarlos o anularlos.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posible aprobación para posteriormente turnarla al pleno del Congreso del Estado para su discusión.