La actualización del Plan de Centro de Población Estratégico, que data de hace 16 años, se ha vuelto un proceso largo y sinuoso, causando afectaciones al sector inmobiliario en general, a constructores de vivienda de interés social y vertical, y de centros comerciales.
Desde hace tiempo son constantes las quejas de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), la capital potosina se está rezagando en comparación con otras ciudades más competitivas como Querétaro, aquí se agota la disponibilidad de terrenos y de viviendas, se habla de que los desarrolladores optan por invertir en esa ciudad vecina y otras.
La industria de la construcción local pasa por una de sus etapas más críticas, deja de generar empleos y de impactar otros sectores de la economía; la inversión pública en obras también enfrenta un retroceso.
Si desde el alcalde panista Homero González no se ha actualizado el plan urbano, el intento de la gallardía para contar con un nuevo documento terminó con un operativo policiaco encabezado por el comisario Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia para echar a la calle al titular del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), el arquitecto Alfonso Díaz de León Guillén, cuyo encargo aún no concluía legalmente.
A Díaz de León y sus colaboradores se les dio un trato casi de delincuentes, interpusieron diversas acciones legales en contra del ayuntamiento y desde entonces no se ha sabido nada de los destituidos, tal vez llegaron a un acuerdo económico o la justicia sigue siendo muy lenta y no ha resuelto nada.
Si la actualización realizada por Díaz de León, que estaba en su etapa final, fue tirada a la basura y nada se aprovechó por razones técnicas, políticas o económicas, su sucesor Fernando Torre Silva, encargado del despacho, debió empezar desde cero.
No hay una cifra oficial de cuantos proyectos inmobiliarios se encuentran detenidos en el ayuntamiento, solo se dice que son muchos. Las expectativas con el gobierno de Nava eran de apertura y agilización de los trámites; la ventanilla única solo recibe pero no resuelve, tampoco en el Cabildo la fracción del PAN se ha visto interesada y activa en el tema, ese partido siempre ha privilegiado a los empresarios sobre cualquier otro sector y ahora lo afecta.
Torre Silva y la directora de Desarrollo Urbano, Patricia Rodríguez, no han dado los resultados esperados, provienen de la iniciativa privada y como funcionarios públicos parece que su objetivo es obstaculizar a los constructores, aún a los cumplidos se les busca trabas.
Por lo que es entendible que el dirigente local de la AMPI, Heriberto González Pérez, se haya reunido con el gobernador Carreras para pedirle su mediación ante el alcalde Xavier Nava para que se agilice el nuevo Plan de Centro de Población Estratégico. Los detalles de la reunión, la respuesta del gobernador, se desconocen.
El que abordó el tema en una entrevista banquetera fue el alcalde Nava, no fue muy optimista, faltan varias etapas aún para concluir el documento, confía que en el 2020 se cuente ya con el nuevo instrumento, lo que podría significar que será hasta el 2021 cuando ya vaya de salida, lo que generaría un conflicto económico y social serio.
Especulación o no, en el gremio de los constructores se presume que la tardanza para concluir la actualización se debe al mega proyecto de Las Cañadas, de Carlos López Medina, se debe ajustar el Plan del Centro de Población a las condiciones necesarias que requiere para el desarrollo de 2069 hectáreas, el interés público subordinado a un particular, eso no es nuevo en San Luis Potosí.
Se espera que esa superficie, que no está dentro de la reserva estatal según “El Chato”, no sea incluida en la federal que prepara el titular de la SEMARNAT, Víctor Toledo, la cual podría tardar más de lo previsto.
“El Chato” está buscando además que se formalice una asociación pública privada por 2 mil 800 millones de pesos para construir una carretera que conecte la Zona Industrial —partiendo la Sierra de San Miguelito— hasta los terrenos del Grupo México, y que podría ser de cuota. Ya están puestos otros grupos económicos para entrarle al negocio, como la empresa Valoran, se pretende que el gobierno ponga la mitad de esa cantidad.
MOVILIDAD DE RANCHO
Mientras se discuten dos proyectos de movilidad que desfoguen el tráfico de la carretera 57 a la Zona Industrial y al clúster automotriz de Villa de Reyes, la trasnacional Kansas City Southern tramita la ampliación de sus vías que cruzan la ciudad, por sentido común debería estar planeando su retiro para favorecer un proyecto de vialidades y un tren ligero de la Zona Industrial a Soledad, siguiendo la misma línea del tren que parte la ciudad en dos. El último gobernador que imaginó este proyecto, fue Fausto Zapata.
El gobierno estatal solo está pensando en las vías alternas extramuros de la ciudad por presiones empresariales, cuando urge retirar las vías férreas y darle otro uso a las grandes extensiones de terreno que las instalaciones ferroviarias ocupan desde hace más de 100 años, de no hacerlo así solo se atenderá el problema de manera parcial. [Javier Padrón]