El gobierno federal solicitó 5 mil millones de pesos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para impulsar el crédito y financiamiento a los pequeños y medianos productores del campo, con inversiones en proyectos de sustentabilidad ambiental y resiliencia climática.
Ese financiamiento ayudará a la 4T para cubrir la demanda de crédito rural que las instituciones nacionales no pueden atender en su totalidad y que genera un rezago de pequeños productores.
La mayoría de los servicios financieros están dedicados a agricultores de mayores ingresos, por lo que su penetración en municipios con alto grado de marginación es casi nula.
En la justificación de la solicitud por los 5 mil millones de pesos al BID, se señala que el sector agropecuario es considerado como un “área prioritaria en el diseño de políticas públicas en México dada su representatividad en la actividad económica”.
El objetivo general del crédito solicitado es contribuir a elevar la productividad de ese sector, la inclusión financiera rural y la sustentabilidad ambiental, así como la resiliencia climática.
El sector primario ha crecido en promedio 3.2 por ciento entre 2012 y 2017, frente a 2.4 por ciento de la economía total. Además, la productividad agropecuaria ha aumentado a tasas promedio de casi 3 por ciento, revirtiendo el comportamiento negativo durante las dos décadas previas a 2012.
A pesar de lo anterior, la producción per cápita desde 2010 ha crecido a tasas menores en comparación con otros países de América Latina, por lo que se necesita “consolidar las ganancias recientes y fortalecer la contribución de capital al crecimiento”.
La baja productividad se atribuye a los bajos niveles de capitalización del sector y la incorporación de tecnologías y modelos técnicos agropecuarias por parte de las Unidades Económicas Rurales (UER). Otro desafío que incide en su productividad es la degradación de los recursos naturales y es altamente vulnerable al impacto del cambio climático.
Los recursos serán canalizados a través de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, que a su vez financiará las UER elegibles, del sector primario o agroindustrial, con proyectos de inversión productiva.
En la exposición de motivos se explica que el gobierno ha visto la necesidad de reformar al sistema financiero rural “para atender de forma integral al sector, lograr sinergias entre sus instrumentos de intervención, canalizar con eficiencia los recursos y lograr un mayor impacto en su desarrollo”.
Por tal motivo creó la financiera que asumirá las responsabilidades de promoción de agronegocios, a través de operaciones de capital y la formación de sujetos de crédito que se ejecutan a través de dos fideicomisos públicos.
Además concentrará su actividad crediticia en los estratos de pequeños y medianos productores, coordinará actividades de un nuevo sistema nacional de garantías crediticias y asumirá el control accionario de Agroasemex.
Por Milenio