Raymundo Romero Maldonado, secretario general de gobierno en el gobierno del prófugo César Duarte Jáquez, fue detenido ayer previo a la ceremonia de Navidad.
Agentes de la Fiscalía dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra del ex funcionario y será puesto a disposición de un juez de Control, por la probable comisión del delito de peculado agravado y tráfico de influencias, en perjuicio del erario de Chihuahua.
La Fiscalía General del Chihuahua lo acusa de la adquisición de un predio ubicado en el municipio de Guachochi, en la Sierra Tarahumara, con un sobreprecio de 20 millones de pesos en beneficio de un particular.
El terreno fue utilizado para la creación de un cuartel de seguridad, cuya construcción también ha sido investigada por varias irregularidades, ya que el inmueble no opera por inseguro.
“Como resultado de las investigaciones efectuadas por hechos de corrupción durante la Administración 2010-2016, se obtuvo evidencia de que el imputado en su calidad de secretario general de Gobierno y presidente del Comité Inmobiliario, intervino en la autorización de la compra venta de un predio rústico ubicado en Guachochi a un sobreprecio de 20 millones de pesos”, indica un comunicado emitido por la dependencia estatal.
De acuerdo con los cargos que le atribuyen, los hechos ocurrieron entre octubre de 2013 a finales de abril de 2014. Romero Maldonado, en conjunto con otros servidores públicos, influyó en los diversos funcionarios que conformaban el Comité para aprobar la adquisición.
Según las indagatorias de la Fiscalía que se encuentran en la carpeta de investigación, el presunto delito lo cometieron en virtud de compromisos personales de César Duarte, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, con 20 órdenes de aprehensión en su contra.
Aparte, en la cuenta pública de 2016, la Auditoría Superior del Estado hizo observaciones sobre la adjudicación directa a una empresa, para la construcción del inmueble en Guachochi.
En los comentarios de una de las observaciones que hace al gobierno estatal, titulado “Construcción de barracas en campamento temporal ‘SEDENA’”, da cuenta del contrato de obra pública número 144-OP-0095/15, bajo el procedimiento de adjudicación directa por un importe de 20 millones 724 mil 781 pesos, que incluyen IVA.
El plazo de ejecución contemplado para la obra, era del 16 de octubre del 2015 al 13 de enero de 2016. El 9 de diciembre de 2015 realizaron el acta de entrega recepción física de la obra, establecieron que fue terminada el 6 de diciembre de 2015 y se ejercieron 20 millones 420 mil 60 pesos, quedaron pendiente de pago 10 millones 360 mil 108 pesos.
Posteriormente, en un apartado titulado “Estudio de costo-eficiencia del proyecto del cuartel militar Guachochi”. Quedó registrado que en un contrato de contratación por adjudicación directa, para la prestación de servicios profesionales de obra, DOP-A-203/14 de fecha 11 de diciembre de 2014. El monto es de un millón 624 mil pesos con IVA, para entregarse el 10 de enero de 2015.
El 17 de abril de 2017, Apro informó que el gobierno de César Duarte simuló la construcción de un cuartel militar en la Tarahumara, desde donde realizarían trabajos de inteligencia y combatirían al crimen organizado que controla la región, pero la construcción fue endeble sobre un cauce de agua, no se pudo utilizar y no justificaron casi 21 millones de pesos.
Con información de Proceso