El fraccionador Carlos López Medina les declaró la guerra al exgobernador Horacio Sánchez Unzueta y al alcalde Xavier Nava.
Mandó a un grupo de comuneros a manifestarse en el Palacio Municipal para exigirle a Nava su derecho a decidir el destino de sus tierras y que no solo beneficie a su tío político que funge como abogado del Grupo México, de Germán Larrea, que ya tiene asegurado el permiso para urbanizar 470 hectáreas.
Esa superficie es superada con creces por la que ostenta el Chato para su proyecto en la Cañada de Lobo, 2069 hectáreas; Larrea quiere hacer negocio sobre unos terrenos que contaminó durante décadas, mientras que el constructor potosino quiere cubrir de pavimento un paisaje natural y que sirve de recarga del acuífero; en el fondo a ambos los guía la destrucción del medio ambiente en aras de un supuesto progreso que solo les multiplicará sus fortunas.
La última vez que el Chato y Horacio se enfrentaron, fue en la privatización del ejido Garita de Jalisco, bajo el esquema de la reforma salinista del artículo 27 constitucional que dejó de ser sacrosanto, pilar del sistema político priista.
Casi mil hectáreas sobre las que hoy se levantan grandes residencias, centros comerciales y edificios como símbolo del San Luis pujante dejando su condición aldeana; pero es una zona en la que, cuando llueve de manera “atípica” como se dice para minimizar los daños, se inunda porque el cambio de uso de suelo se dio por criterios económicos y no técnicos.
Cuando Horacio asumió la gubernatura, el negocio ya se había consumado, el Chato se asoció con Vicente Rangel Lozano y los García Navarro, familias poderosas que no están acostumbradas a que nadie les diga no y menos el gobierno.
La familia Valladares quedó fuera de la operación millonaria y surgió la discordia, utilizó sus medios de comunicación para ventilar las irregularidades, no lo hizo para salvaguardar el interés público sino el propio.
Como el gobierno anterior había renunciado al derecho de preferencia sobre las tierras ejidales sin recibir nada a cambio, Horacio logró la cesión de los terrenos en los que están ahora el Poder Judicial Federal y El Colegio de San Luis, de lo perdido lo hallado, debió decir como abogado en resignación.
Juega ahora un doble papel, es juez y parte, le lleva sus asuntos a Larrea y a la vez asesora al gobernador Carreras, conflicto legal que extrañamente no ha expuesto el abogado del Chato, Gustavo Barrera López, quien también lo representó en la Garita de Jalisco.
Pese a los tambores de guerra que se escuchan en el Club La Loma, la ampliación de la consulta pública del reordenamiento territorial, aprobada este miércoles por el Cabildo, se asegura que es un mensaje de buena voluntad al Chato, le van a echar la mano, le van a crear condiciones para que pueda armar una buena defensa jurídica ante tribunales locales y federales para lograr la aprobación del cambio de uso de suelo, buscará resquicios para impugnar los decretos que se emitan a favor del medio ambiente y el desarrollo ordenado.
Es un hecho que mientras Larrea comenzará a ganar millones con sus tierritas contaminadas, el Chato estará gastando millones en abogados, sí la tiene complicada, la Garita de Jalisco al final de cuentas fue pan comido.
La Sierra de San Miguelito tendrá un lugar preferente en las elecciones del 2021, los candidatos a la gubernatura y a la alcaldía capitalina deberán definir si están a favor o en contra de su urbanización, no se pueden andar con medias tintas, los grupos económicos van invertir más que nunca para tratar de imponer a sus candidatos y los cañonazos estarán al por mayor.
LA PACHORRA
A más de 48 horas que el dirigente de ambulantes Martín Ayala recibiera un balazo en la cabeza, el vicefiscal Aarón Castro Sánchez sin ninguna pena aceptó que desconoce si fue un accidente o una agresión directa, solo sabe que Ayala se encontraba con un familiar manipulando una arma de fuego. Está en espera de que la familia tenga un poco de tiempo y colabore para iniciar la investigación, no tiene prisa, la ley puede esperar. [Javier Padrón]