El sistema de administración y procuración de justicia es responsable de la impunidad en los feminicidios, delito que registró 976 casos en México el año pasado.
Ésta es la denuncia que diputadas de diversos partidos han hecho esta Legislatura, a través de 23 iniciativas que buscan incrementar el castigo a dicho delito, que no prescriba y se homologue para que en todo el país sea castigado bajo el mismo parámetro.
Actualmente, los principales sospechosos de este crimen son esposos, novios, parejas, familiares y conocidos, quienes escapan de un sistema de justicia que investiga, penaliza y castiga con una mirada machista, desde la cual se considera normal y socialmente aceptada la violencia contra las mujeres.
Presentadas desde septiembre de 2018, las iniciativas denuncian que ante la falta de un tipo penal único, las cifras sobre asesinatos de mujeres son maquilladas en los Ministerios Públicos al no registrar como feminicidios casos donde la víctima murió por razones de género, hubo violencia sexual o antecedentes de maltrato; relaciones sentimentales previas, amenazas, incomunicación de la víctima o exhibición del cuerpo, entre otras características.
El contenido de estas iniciativas es la base de las propuestas que el Grupo de Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados presentará al fiscal Alejandro Gertz, con el objetivo de diseñar un planteamiento conjunto.
Dan lucha legislativa contra el feminicidio
Diputadas de todas la fuerzas políticas impulsan que las penas por este delito alcancen de 65 hasta 100 años de prisión.
En 2019 se registraron oficialmente en México 976 feminicidios, delito en el que Veracruz, Estado de México, la CDMX, Nuevo León y Puebla concentran el mayor número de víctimas.
Cifras de organizaciones civiles reportan que fueron dos mil 833 mujeres asesinadas. Y de ahí surge el promedio de que cada día mueren diez.
La historia se repite: los principales sospechosos son sus esposos, novios, parejas, familiares o conocidos, quienes escapan de un sistema de justicia que investiga, penaliza y castiga con una mirada machista, desde la cual se considera normal y socialmente aceptada la violencia de los varones hacia las mujeres.
Esa es la denuncia que diputadas de diversas fuerzas políticas han hecho en la presente legislatura, a través de iniciativas que señalan al sistema de administración y procuración de justicia como responsable de la impunidad frente al creciente feminicidio.
Se trata de 23 proyectos de reforma a diversas leyes y que buscan incrementar el castigo por ese delito, que sea imprescriptible, así como su homologación para que en todas las entidades del país sea considerado como tal y castigado bajo los mismos parámetros.
Ese paquete de iniciativas resume el quehacer parlamentario de los últimos 18 meses y su contenido es la base de las propuestas que el Grupo de Igualdad Sustantiva —encabezado por la presidenta de Cámara de Diputados, Laura Rojas— presentará en la mesa de trabajo que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, les ofreció integrar el pasado martes 11 de febrero.
El fiscal se comprometió con ese grupo, integrado por legisladoras de todas las fuerzas políticas, a diseñar en lo que reste de este mes una propuesta conjunta.
Por parte de las diputadas se busca elevar los castigos a los feminicidas y garantizar que la investigación de los casos se realice con perspectiva de género.
Presentadas desde septiembre de 2018 que inició la presente legislatura, las iniciativas denuncian que ante la falta de un tipo penal único, las cifras de los asesinatos de mujeres son maquilladas en los Ministerios Públicos, donde éstos no se registran como feminicidios en los casos en que se priva de la vida a una mujer por razones de género y en los que se establecen las circunstancias de signos de violencia sexual, antecedentes de maltrato, relaciones sentimentales previas, amenazas, incomunicación de la víctima o exhibición del cuerpo de la víctima, entre otras.
Actualmente, la pena para el feminicidio es de 40 a 60 años de prisión. Pero, en diversas propuestas a cargo de MC, los diputados Arturo Pérez Negrón y Angéles Moreno Medina (PES), Lidia García Anaya (Morena) y María Marú Mejía (PT), se busca reformar el artículo 325 del Código Penal para incrementar la pena a 65 años de prisión e incluso 100 años, e incrementar el castigo cuando la víctima esté embarazada.
Con respecto a ese mismo artículo, María Díaz García (de Morena) considera necesario ampliar el catálogo de supuestos que configuran razones de género en el delito de feminicidio, al advertir que la misoginia y los prejuicios, así como la discriminación hacia las mujeres genera la violación a los derechos humanos de las víctimas por su invisibilización.
En su iniciativa, la diputada morenista argumenta que mientras el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio reporta que entre 2014 y 2017 unas ocho mil 904 mujeres han sido asesinadas en México, y en promedio, mil 550 a mil 600 mujeres por año son víctimas de algún tipo de violencia que termina con su muerte, las cifras oficiales dan cuenta de un grave subregistro.
Díaz García señaló que, en contraste, para ese mismo periodo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública registró a 2 mil 246 mujeres víctimas de homicidio doloso. Pero sólo registró 706 feminicidios.
También, en iniciativas diferentes, Marcela Torres Peimbert (PAN), Fabiola Loya (MC) y Esmeralda Moreno (PES) buscan que la sanción para el feminicidio sea imprescriptible y que quien comenta ese delito no podrá gozar de libertad condicional ni de la sustitución de pena.
Las diputadas Lorena Villavicencio Ayala y Raquel Bonilla (Morena) han propuesto incluir al feminicidio como un delito grave que requiere de prisión preventiva oficiosa.
ALGUNAS INICIATIVAS PARA CASTIGAR LA IMPUNIDAD FEMINICIDA
Anilú Ingram Vallines (PRI) y diputadas del PAN
Homologar los distintos tipos de violencia contra las mujeres y unificarlas en la Ley General o el Código Penal Federal, para así articular esfuerzos para prevenir la violencia de género.
Diputadas de Acción Nacional
Establecer sanciones penales contra funcionarios que obstaculicen la integración de carpetas de investigación, por maltrato hacia las mujeres o a quienes sean omisos en el cumplimiento de sus deberes legales.
Bertha Espinoza Segura (Morena)
Propone regular las resoluciones de jueces y magistrados en materia de feminicidio y separar de sus cargos a jueces y magistrados cuyas resoluciones hayan dado lugar a la liberación de feminicidas o presuntos feminicidas.
Laura Garza Gutiérrez (PES)
Considerar delito de feminicidio cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, desprotección real o la incapacidad que imposibilite su defensa, dificultad para recibir auxilio o exista algún impedimento físico o material para solicitar auxilio.
VOCES CONTRA EL ABUSO
La diputada panista por Veracruz, Mariana Dunyaska García Rojas, señaló que “es prioridad que se legisle y que se apruebe el trabajo que hicimos con la sociedad civil, universidades, ministerios públicos, con una Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio.
“También se requiere que se sancione severamente a quienes obstruyan la justicia para las mujeres, a quienes cambien los delitos, como ya se vio en casos en los que por esa omisión han salido libres feminicidas.
“Estamos exigiendo que se acuerde ya con la Fiscalía General de la República un tipo penal único y que sea homologado a nivel federal.
“No permitiremos que se invisibilice la violencia en contra de las mujeres, en un momento en que cada vez baja más la edad de las víctimas, afectando a las adolescentes y las niñas”.
“Es muy importante que el feminicidio sea reconocido como tal en los estados, porque es un delito del fuero común.
“Urge capacitación a los funcionarios y sanciones severas cuando se obstruya la integración de una carpeta”.
LOS NIÑOS HUÉRFANOS
La diputada del PRI por Veracruz, Anilú Ingram Vallines, señaló que “el impacto social de los feminicidios es terrible porque, de acuerdo con cifras oficiales, cada día cerca de 19 niños y adolescentes quedan huérfanos. Y se estima que en México, hay alrededor de tres mil niños que perdieron a sus madres por ese delito.
“Por eso necesitamos también legislar para que la federación y los estados puedan atender las necesidades de los hijos de las mujeres víctimas de feminicidio.
“Ya hemos logrado cambios importantes, como la asignación de recursos para las alertas de género. Ahora necesitamos crear un registro de niños y adolescentes para que sean considerados por las comisiones de víctimas de las entidades federativas”.
“El otro gran pendiente es la homologación del delito del feminicidio en toda la República para poder afrontar a fondo tragedias como las que están sucediendo en Veracruz, primer lugar de feminicidios, donde muchas mujeres son asesinadas y sus casos son catalogados como homicidios comunes, maquillando cifras que impiden combatir ese flagelo”.
Por Excélsior.