[Javier Padrón]
En la reunión que sostuvo esta mañana el rector de la UASLP, Manuel Fermín Villar Rubio, en su oficina alterna de Las Lomas con los directores de facultades y unidades académicas, generó mucha expectación en la comunidad universitaria y en medios de comunicación.
El propósito de Villar fue agradecerles el apoyo a su gestión pero lo esencial fue pedirles de manera cortés que se porten institucionales en la sesión extraordinaria de este miércoles en la que se elegirá a su sucesor.
El mensaje de Villar no deja margen a libres interpretaciones, el comportarse de manera institucional implica seguir sin vacilar la línea dictada por él a favor de la secretaria académica Dolores Lastras Martínez.
Dos directores no fueron convocados por obvias razones, el de Medicina, Alejandro Zermeño y Miguel Aguilar Robledo, de Ciencias Sociales; tampoco asistió Anuar Kasis Ariceaga porque renunció a la secretaría general y dejó de formar parte del Consejo Directivo Universitario; Lastras no es parte de este órgano de gobierno.
¿En qué momento se polarizó la sucesión? En el texto que se difundió en redes sociales para mitificar a Villar Rubio como el mejor rector de los últimos tiempos, se denuncia una estrategia generada desde “una o varias oficinas” del gobierno (carrerista) y el uso de una maquinaria mediática para promover el divisionismo y propalar mentiras de corrupción, impunidad, negocios turbios y desvío de recursos; estrategia de la que no sería ajeno uno de los candidatos de acuerdo a esa visión que cae por artificiosa.
Si en el proceso sucesorio se entrometió el gobernador Carreras o algunos de sus colaboradores, más daño se infligen al dejarlo entrever y no actuar en consecuencia, se pierde veracidad, la teoría del enemigo invisible funcionó hasta los años ochenta; en cuanto a la cobertura de los medios del proceso sucesorio, impera una lectura reduccionista: si critica y denuncia, es un enemigo de la autonomía; si apoya y aplaude, es un aliado incondicional.
La otra realidad muestra a la gestión villarista muy sensible a las críticas, fundadas o no, y fue su desempeño el que pasó por el filtro de los medios años antes y al acercarse la sucesión explotaron lo que se consideran acciones indebidas, desde el silenciamiento del acoso sexual, su actitud refractaria a la transparencia y los privilegios y negocios familiares, rasgos que sellaron su rectorado.
Si hubo guerra sucia, el Edificio Central también hizo la suya, uno de sus blancos fue Zermeño; y fue evidente el respaldo del aparato oficial hacia Lastras, lo que motivó la queja por escrito de Aguilar ante el rector.
A un día de la elección, los medios dieron espacios a los candidatos, Lastras, Zermeño y Aguilar expusieron sus puntos de vista sobre lo que debe ser la UASLP en los próximos cuatro años. Ella habló de fortalecer la autonomía, del amor a la institución y tener más sensibilidad hacia los problemas sociales; descartó ser la favorita de Villar.
Zermeño puso las banderillas en las presiones para votar por “determinada persona” y apeló a la conciencia, libertad y voto razonado del CDU; Aguilar maneja datos, cifras y programas, plantea acciones con municipios y sector privado. El que extrañamente no tuvo trato con los medios fue Kasis, es un enigma, se le ve débil, traicionado, perdido, pero quizá tiene los votos clave para apuntalar a Lastras o descarrilarla, las negociaciones deben seguir ahora; la parte más débil son los consejeros alumnos.
TRAFFIC LIGHT GANA, LA CIUDAD PIERDE
El director de Obras, Marco Antonio Uribe Ávila, cumplió al pie de la letra la instrucciones del alcalde Xavier Nava y el tesorero Rodrigo Portilla Díaz, otorgar el fallo de las 50 mil luminarias a la empresa Traffic Light en apariencia poblana pero más potosina que las enchiladas para que no se diga que no se apoya a los empresarios locales que antes se escudaron en PANAVI.
Fue una licitación a modo, como las que Nava prometió que nunca haría porque él no es corrupto. Su propio aliado político, Eugenio Govea, del Movimiento Ciudadano, le pidió que la cancelara y los recursos los aplicara la emergencia sanitaria. Lo mismo le pidió el también diputado Edgardo Hernández.
La petición fue inútil, se trata de un negocio pero también de un amarre político para el 2021, se tenía que consumar aún con el elevado costo político a pagar: un mayor desgaste de su imagen de honorabilidad y transparencia que promueve su propaganda.
Un contrato de 395 millones de pesos por unas luminarias que otros proveedores descalificaron por caducas, además de que la convocatoria ya tenía un destinatario definido, y de acuerdo al cronograma, su instalación comenzará el 15 de abril cuando la curva de contagios del Covid-19 estará a la alza.
Pasará este trienio y los potosinos seguirán padeciendo la falta de un servicio de alumbrado público de calidad con sus efectos crudos en la inseguridad, lo que importa es haber hecho el negocio con unos empresarios que no tienen ninguna experiencia en el ramo de las luminarias, lo suyo es la máxima ganancia y las relaciones políticas.
