El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó este jueves, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, extinguir todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica y mandatos, los cuales representan más de 700 mil millones de pesos.
La instrucción es para dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Oficina de la Presidencia de la República, así como los Tribunales Agrarios.
También se contempla la desaparición de fideicomisos análogos de carácter federal en los que estas dependencias funjan como unidades responsables o mandantes.
López Obrador también solicitó a los ejecutores de gasto que a más tardar el día 15 de abril del presente ejercicio fiscal entreguen a la Tesorería de la Federación todos los recursos públicos federales que tienen dichos fideicomisos.
Los ejecutores de gasto tampoco podrán ejercer o comprometer recursos de dichos fideicomisos públicos a partir de la entrada en vigor de dicho decreto este jueves.
En tanto, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, resolverá las excepciones, en conjunto con la Secretaría de la Función Pública.
“Dichas excepciones deberán ser resueltas previa solicitud debidamente fundada y justificada que presente el titular del ejecutor de gasto al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, indica el decreto.
En caso de que Hacienda no las autorice en un plazo no mayor a 10 días hábiles se considerarán como no aprobadas.
El decreto no contempla a aquellos fideicomisos constituidos por mandato de ley o decreto y cuya terminación necesite de reformas constitucionales.
Tampoco se incluyen los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.
Al respecto, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, consideró, a través de su cuenta de Twitter, que “en el pasado régimen dichos fideicomisos anidaron corrupción y fueron usados para esconder cuantiosos recursos públicos”.
Por El Financiero.