Luego de que México entrara en la Fase 3 de la pandemia por coronavirus y de que muchas actividades dejaran de considerarse escenciales, la realidad es que la construcción del Tren Maya se mantiene en pie, situación que ha generado cierto descontento en cerca de 100 Organizaciones No Gubernamentales, las cuales han pedido al gobierno de Andres Manuel López Obrador, detener dicha construcción.
La Red de Litigio Estratégico en favor de las Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán, consideró como preocupante y no escencial la continuidad de uno de los proyectos que prioriza AMLO durante su sexenio. Pues continuar con una obra que requiere una inversión de más de 120 mil millones de pesos, es de preocuparse, debido a que “Su construcción y el desalojo de personas no es escencial”, así se expresó dicha organización en contra del proyecto del Tren Maya.
“Esta determinación pone en riesgo la salud y la vida de las y los trabajadores que tendrán que continuar con las obras del citado proyecto, así como de la población, mayoritariamente indígena, afectada por el mismo”, se puede leer en el texto que es acompañado de firmas de cerca de cien organizaciones que de igual manera se oponen.
Asimismo, cabe resaltar que este comunicado es publicado en respuesta al decreto publicado por el Diario Oficial de la Federación, en el cual asigna a Fonatour Tren Maya, los derechos para construir y operar durante 30 años el tramo de más de 1400 kilómetros.
Asimismo, las más de 100 organizaciones que se opusieron a la continuidad de la construcción del Tren Maya durante esta pandemia y más aún, durante esta tercera fase, recalcan que los pueblos de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán han alzado la voz en contra del proyecto, sin embargo, no han sido tomadas en cuenta dichas críticas y preocupaciones por parte de los habitantes de dichos estados.
“El Gobierno federal se aprovecha de la actual coyuntura para avanzar, sin el riesgo de oposición, en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores y cuya opacidad incluso ha generado la emisión de una orden de suspensión por parte de un juez federal”, agregan las ONG en su documento.
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