[Javier Padrón]
Cada vez se unen más voces a la exigencia de que la secretaria de Salud, Mónica Rangel Martínez, sea destituida del cargo o al menos se le separe en lo que se realiza una investigación sobre los presuntos actos de corrupción que se le atribuyen al favorecer a las múltiples empresas de Gabriel Salazar.
La investigación interna que anunció la propia funcionaria y se supone está en curso, de antemano fue descalificada, no tiene caso que ella misma se investigue porque es obvio que saldrá libre de cualquier irregularidad.
Legisladores de varios partidos políticos pretenden que la Auditoría Superior de la Federación tome cartas en el asunto, además de la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo del implacable Santiago Nieto, ya solicitada por el abogado de una empresa afectada por los manejos de Salazar.
El argumento de que las cuentas públicas, de los años en los que se otorgaron los contratos a Salazar mediante licitaciones hoy cuestionadas, ya fueron aprobadas por el Congreso del Estado no resulta suficiente para bajar las aguas, la secretaria Rangel está en un posición cada vez más frágil, su credibilidad ha sido abollada y su permanencia afecta también la campaña del sector salud que ella coordina en contra de la pandemia del coronavirus.
No hay señales en Palacio de Gobierno de una pronta remoción de la funcionaria, su suerte está atada a la del propio gobernador Carreras y el secretario de Gobierno, Alejandro Leal, que metieron las manos al fuego por ella, ya no se puede insistir en que hay violencia política de género en su contra o ataques políticos por una eventual aspiración en el 2021, tienen que ser más creativos.
Otra afectada es la titular de la Auditoría Superior del Estado, Rocío Cervantes, sus revisiones no vieron nada irregular en las adjudicaciones y ejercicio del gasto de la Secretaría de Salud, y se mantiene al margen de la controversia ni se le ve dispuesta a entrarle, está agazapada aprovechando la pandemia.
El último tramo del sexenio carrerista ya no será tan placentero como se había previsto, no solo por los estragos de la pandemia, habrá presiones mayores para que haya cuentas claras de todo el gabinete y será un factor que influya en las elecciones de la gubernatura; y de entrada se complicó el rumbo de la reestructura de la deuda pública y la intención de solicitar el crédito de 700 millones de pesos.