La contingencia sanitaria por Covid-19 no ha detenido el trabajo de la Auditoría Superior del Estado, ni es una justificación para que los entes auditables queden exentos de las revisiones correspondientes a la Cuenta Pública 2019 o que los presuntos responsables de faltas administrativas queden impunes, afirmó la titular del órgano de fiscalización, Rocío Cervantes Salgado.
“Los procedimientos que se puedan llevar a cabo en este momento los efectuaremos, y los que queden pendientes van a ser señalados en el informe, especificando cómo se ejecutarán en cuanto se abra la posibilidad y no dejar en el vacío lo que la contingencia no permitió revisar”, afirmó la Auditora Superior y agregó que no será un pretexto para que los presuntos responsables de faltas graves o no graves queden impunes.
Sobre los avances en el proceso de fiscalización de las Cuentas Públicas 2019, manifestó que “a pesar de que no se han podido llevar a cabo todos los procedimientos por la contingencia sanitaria, sí hemos avanzando. La etapa de planeación está al cien por ciento, mientras que la ejecución tiene un avance del 30 por ciento, el cual va a crecer mucho en el momento en que podamos abrir formalmente”, comentó.
Descartó un retraso en los tiempos marcados en el Plan Anual de Auditorías, toda vez que los informes finales se presentarán en tiempo y forma, así como los cierres de auditoría, los cuales sí se llevarán a cabo de forma presencial.
“Si continúa la contingencia, probablemente presentemos informes con algunas salvedades, que la misma ley permite, en las cuales se especifica qué situaciones no pudieron ser vistas o revisadas por motivos de pandemia. No vamos a dejar nada perdonado, van a sujetarse a una revisión posterior y, en cuanto sea posible, las vamos a hacer”, explicó.
Aclaró que, aunque las visitas físicas, tanto a las obras públicas como a los municipios, habían quedado suspendidas, éstas se reactivarán en cuanto el semáforo epidemiológico lo permita.
Respecto a la reactivación de actividades en las oficinas de la ASE ante el cambio de fase a semáforo naranja, Rocío Cervantes Salgado explicó que se tiene contemplado un retorno de las actividades esenciales a la nueva normalidad, para el próximo 1 de julio, bajo las especificaciones de las autoridades sanitarias, como son los filtros de acceso, sanitización continua de las instalaciones, horarios escalonados, entre otros.
Entre las medidas que se tomarán será una modificación en la dinámica de acceso del personal, a través del lector de una tarjeta unipersonal, con lo cual se elimina el checador de huella digital. De igual forma, la titular del órgano fiscalizador afirmó que se contempla una reducción de la semana laboral a 4 días, con el objeto de reducir el contacto entre personas, y el quinto día dedicarlo a la desinfección de oficinas.