Marcela Loyola
La titular de la Auditoría Superior del Estado, Roció Elizabeth Cervantes Salgado aseguró que en la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Salud fue el ente con mayor número de observaciones con más de 63 millones 991 mil 982 pesos.
Así lo dijo durante su participación en la reunión de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, donde fue cuestionada por los legisladores por las denuncias de desvió de recursos por parte de la Secretaría de Salud que se han ventilado en los medios de comunicación durante este año.
Expuso que muchas de las denuncias de supuestas empresas fantasmas utilizadas por la Secretaría de Salud que han salido en los medios de comunicación, ya las habían detectado debido a que no encontraron los domicilios fiscales, lo cual está plasmado en el informe que realizaron de la cuenta pública.
Insistió que estos proveedores están señalados y en el proceso de desahogo de observaciones se solicitó a la Secretaría de Salud solventar esta situación, y ahora están en notificación de resultados, “donde hay situaciones que no se pudieron solventar respecto al 2018”.
Cervantes Salgado manifestó que de muchas de estas empresas que han salido en medios de comunicación no se encontraron los entregables, productos adquiridos, o los domicilios, y por ello “se mandó al SAT un oficio con los proveedores, no sólo de Salud sino, de todo el estado de que no encontramos donde estaban y queríamos cotejar con la Secretaría de Hacienda en qué estado estaban y mandamos la lista”.
Abundó que esta lista de proveedores se envió con fecha 12 de julio del 2019, “el sistema nos contestó que había tomado conocimiento de los proveedores y que les corresponde a ellos hacer el seguimiento puntual y podríamos verificar el estatus más a delante de si eran proveedores no existentes”.
Agregó que se sigue con el proceso de fiscalización, y podría haber sanciones puesto que hay situaciones que no se solventaron, pero actuaran conforme a derecho y siguiendo los procesos que marca la ley todo bien justificado para evitar que haya amparos o recursos legales que puedan utilizar los funcionarios para no hacer frente a sus responsabilidades.