Jorge Ramírez Pardo
Tenemos casos sobrados del actuar omiso y selectivo del gobernador Juan Manuel Carreras, su alter ego Alejandro Lea secretario general de gobierno, el fiscal estatal Federico Garza Herrera, el presidente de la capital potosina Xavier Nava, y los chalanes de todos los aludidos.
En estos días se suman varios hechos tan vergonzosos como visibles; ambos muestran a mujeres como víctimas, aún en remarcada desventaja.
Primer caso.- El viernes 28 de agosto, inspectores municipales de la Dirección de Comercio, sin el menor diálogo ni advertencia, violentan a una vendedora de flores que llevaba un niño a la espalda, le destruyen primero parte de su mercancía y le secuestran el resto. Luego es privada de su libertad. Ello en tiempo de pandemia y por dos flagrantes delitos: el primero no tener permiso (sí lo tenía), segundo, estar fuera del sitio asignado.
Acerca del caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos tomó una denuncia y declaró respecto al comercio en la vía pública: está a favor del reordenamiento del comercio ambulante, siempre privilegiando el dialogo y ofreciendo alternativas viables para quienes ejercen esa actividad, que además es lícita.
Sin embargo, agregó, bajo ninguna circunstancia las autoridades municipales, ni ninguna otra deben ni puede utilizar tal argumento para conculcar los derechos humanos de las personas, mucho menos cuando se agravia a jóvenes, mujeres, niñas, niños y adolescentes (…)
El asunto es doblemente delicado porque el municipio tiene continuas acusaciones por violación a los derechos humanos indígenas, y no acaba de resolver protocolos para su atención y derechos.
Segundo caso.- Una madre de familia de Rioverde, Marcela Alemán, cuya hija fue violada en 2017 cuando tenía cinco años, luego de tres años de búsqueda de justicia, tuvo que acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este es su reclamo: “a la fecha sigo exigiendo justicia debido a que no se ha castigado a las responsables, pese a tener las evidencias de su culpabilidad. Mientras que las autoridades y organismos en el Estado se niegan a dar un posicionamiento sobre el caso”.
Medios nacionales, reportaron que Marcela Alemán permaneció la noche del miércoles 2 de septiembre amarrada a una silla de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Desistió después de reunirse con la presidenta del organismo, Rosario Piedra, y cuando esta generó múltiples recomendaciones a organismos potosinos y nacionales.
Antes en San Luis Potosí las autoridades a la Comisión Ejecutiva Estatal de Victimas del Delitos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos se negaron a dar un posicionamiento al respecto, y solamente enumeraron acciones.
El presidente de la CEDH, Jorge Andrés López Espinosa se negó a dar entrevistas sobre el tema argumentando que se encuentra ocupado en diversas reuniones.
Comisión Nacional
Esta fue la respuesta inmediata en la ciudad de México, a ese y dos casos más, dada a conocer ayer y así consignada, igual que la información anterior, por Potosí Noticias:
Fiscalía federal podría atraer caso de menor violada en Rioverde
Tras haber escuchado y acompañado a las víctimas, procedentes del estado de San Luis Potosí, que acudieron a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), este organismo autónomo hace un llamado a todas y cada una de las autoridades involucradas, a efecto de que realicen de manera inmediata, las acciones procedentes, para que se atiendan y se resuelvan cada una de las presuntas violaciones a sus derechos humanos, informó en un boletín de prensa la CNDH.
Recomendaciones para distintas instituciones potosinas:
A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de San Luis Potosí, que revise cada una de las quejas que las víctimas han presentado ante ese Organismo Local (…) se emitan medidas (…) que garanticen la seguridad e integridad de las víctimas.
A la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí, (…) acciones correspondientes, a efecto de que garantice la reparación integral (…)
A
la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, que se revisen las carpetas de
investigación (…) se emitan a la brevedad, las resoluciones que en
derecho procedan.
También a instituciones federales:
A la Secretaría de Gobernación (…) inicien de manera inmediata los protocolos para que las víctimas sean protegidas (…).
A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, (…) coadyuve (…) para que se lleve a cabo la reparación integral de las víctimas
A la Fiscalía General de la República (…) posibilidad de atraer las Carpetas de investigación (…) en razón de la gravedad de los hechos.
Coincidencia en CDMX
Este miércoles había en la Comisión Nacional de Derechos humanos más potosinos instalados e inamovibles en las instalaciones.
Además de la rioverdense Marcela Alemán, Silvia Castillo, quién pide justicia para su hijo asesinado, desde el miércoles pasado y hasta esta mañana de viernes mantiene tomadas las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y anunció ayer que se ponía en huelga de hambre; con gran preocupación de quienes le acompañan debido a su delicado estado de salud.
“Es mucha mi lucha y no siento apoyo de la CNDH hacia el asesinato de mi hijo, desde que mataron a mi hijo yo no he tenido paz”, comentó.
“Me siento enferma, se me bajó la presión, se me subió la presión, traigo el azúcar alto, me duele el pecho, me siento mal, pero yo siento que es el último estirón para que se le haga justicia a mi hijo”, indicó.
Acá en Puebloquieto, SLP
En la ciudad y estado de San Luis Potosí, si eres próximo a los altos (¿o bajos?) mandos o de clase élite, es posible que:
- Destroces el 5 de junio una patrulla, el frente de la Fiscalía estatal, quemes una bandera, hagas enormes y visibles destrozos en la sede del Congreso y mancilles una figura de Ponciano Arriaga y si te llamas Sebastián, a partir de ese día apodado Mono blanco, seas intocable. Y, no sólo; también que tus tropelías se les endosen a luchadores sociales por el delito de ser defensores de la Sierra de San Miguelito, cuya integridad está amenazada por la voracidad de fraccionadores/constructores.
- Como intocable es la secretaría de Salud Mónica Rangel, a quien no se le despeina ni con una renuncia temporal mientras se esclarecen los cuantiosos y acumulativos denuncias por malversación de fondos.
Sigue la justicia fuera
Para no olvidar:
- Marcelo de los Santos hizo perdidizos 1500 millones de pesos al despedirse de la gubernatura y no pasó nada. En cambio, su desaseado proceder fue sancionado como director de Casa de Moneda e inhabilitado para el ejercicio público por 20 años.
- Adrián Moreno Mata delinquió al frente del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y fue protegido por la impunidad local. No ha sucedió así cuando hubo desaseo en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnología o el Colegio de San Luis, donde, además de códigos de ética hay jurisdicción federal.
- Todos los excesos de la Secretaría de Cultura en los últimos 25 años, remarcados en el Centro de las Artes, gozan del halo protector de la impunidad.