Marcela Loyola
Siete aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) participaron en el panel de Auditoría Social y Derechos Humanos organizado por el Comité de Auditoría Social al Programa Estatal de Derechos Humanos (CASPEDH), donde se abordaron temas importantes como el desempleo por la pandemia, el derecho al acceso al agua y a la salud, además del conflicto existente en la Sierra de San Miguelito.
Las participantes fueron Gloria Serrato Sánchez, abogada y activista; María del Rosario Torres Mata, fundadora de la asociación civil Fe y Esperanza; Celia García Valdivieso, abogada fundadora del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz García.
Asimismo, Olga Palacios Pérez, titular de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos del Ayuntamiento de San Luis Potosí; Beatriz Aguilera Gallegos, maestra en Derechos Humanos e integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; Giselle Meza Martell, quien se desempeña como asesora en el Congreso del Estado y Karina Rangel Castilla, titular de la unidad de género de la subsecretaría de Gobierno.
Las dos aspirantes que no pudieron asistir fueron Guadalupe Mendiola Acosta, activista y fundadora de Voz y Dignidad por los Nuestros; y Giovanna Argüelles Moreno, activista y consejera de Equidad en la CEDH.
Durante el panel, Gloria Serrato defendió el derecho al agua a los ciudadanos, señalando que, si se permite la construcción de fraccionamientos en la Sierra de San Miguelito, la Zona Metropolitana se quedará sin agua, por lo que se deben defender las áreas naturales que benefician a todos los ciudadanos.
María del Rosario Torres dijo que, de llegar a la presidencia de la CEDH, haría foros donde participen las direcciones de Desarrollo Municipal, los desarrolladores y la sociedad civil, donde se sensibilice a la población sobre la importancia de preservar las áreas naturales para que todos tengan agua.
Las aspirantes coincidieron que es un gran reto velar porque el derecho a la salud de las clases vulnerables no sea violentado, sobre todo con la pandemia por el coronavirus, debido a que se ha dificultado el acceso a la atención médica.
Además, las participantes estuvieron de acuerdo en la creación de un Plan Estatal de Derechos Humanos, ya que hay un documento actual creado por Gobierno del Estado, pero estos no fueron consultados con las asociaciones civiles ni la ciudadanía, lo cual es necesario.