Marcela Loyola
Integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción interpusieron una serie de denuncias contra la exsecretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez; el empresario, Gabriel Alán Salazar Soto y varias personas físicas más, así como en contra de quienes aparecen como socios en más de veinte razones sociales, ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación, por irregularidades en los Servicios de Salud del Estado.
Las denuncias fueron acompañadas de 1,600 documentos impresos y por medios electrónicos con las pruebas correspondientes de las irregularidades que se han denunciado desde hace dos años por parte de la ex funcionaria.
Ante la Unidad de Inteligencia Financiera se entregaron pruebas y se solicitó investigar el presunto lavado de dinero, delincuencia organizada, simulación de operaciones, defraudación fiscal a través de la emisión de facturas de empresas presuntamente “fantasma” o “fachada”, para efecto de dar seguimiento al flujo del dinero depositado inicialmente por los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí a las diversas cuentas fiscales, la dispersión del dinero, detectar esas cuentas y el destino final de los recursos públicos que fueron depositados en las diversas cuentas fiscales.
En la Auditoría Superior de la Federación ya se había hecho una denuncia desde el pasado mes de septiembre del 2020, pero por cuestiones de la pandemia, se hizo de forma electrónica y al parecer la ASF tuvo un problema técnico para descargar los documentos. “Fue por eso que se entregó una denuncia ampliada, donde se entregaron de manera física 1,600 documentos que contienen las pruebas, que consideramos que demuestran las graves irregularidades en pagos, procesos de compra, cotizaciones, empresas fantasmas y fachada, robo de identidad, falsificación y demás ilegalidades”, señaló la organización.
El Frente Ciudadano Anticorrupción informó que las denuncias son por irregularidades detectadas en el año fiscal 2017 y una parte de 2018; suman más de 500 millones de pesos donde la mayoría de estos recursos son de origen federal.
Por su parte, los propietarios de la empresa Quick Shine del Potosí, solicitaron a la Fiscalía General de la República atraiga la investigación por los delitos de uso indebido de la función pública, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, denunciaron ante el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que en la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí se les niega el acceso a la carpeta de investigación, porque por órdenes del gobernador Juan Manuel Carreras López al fiscal Federico Garza Herrera, se obstruye la investigación al estar involucrada Mónica Rangel y Gabriel Salazar, a los cuales se les encubre y protege.
