En el primer bimestre de 2021, los homicidios en diez estados del país se incrementaron en comparación con el mismo periodo del año pasado. Ello pese a la prevalencia de la contingencia sanitaria y al despliegue cada vez mayor de elementos de la Guardia Nacional ordenado por el gobierno federal.
En otros cuatro estados se mantuvo el mismo nivel de violencia homicida del año pasado y si bien a nivel nacional, el total de asesinatos se redujo en este lapso, el promedio diario de homicidios y feminicidios solo decreció menos del cinco por ciento.
Mientras tanto la depuración y profesionalización de las fuerzas de seguridad locales – una de las justificaciones para la puesta en marcha de la Guardia Nacional – ha quedado en el limbo. Desde hace un mes venció el plazo para certificar a los policías estatales y municipales sin que dicho proceso fuera completado y sin que, hasta la fecha, se haya tomado una decisión respecto a la separación del cargo de los más de 150 mil elementos que no están avalados como aptos para hacer este trabajo.
Datos oficiales de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que en el primer bimestre del año fueron asesinadas en México un promedio de casi 95 personas todos los días, entre homicidios dolosos y feminicidios. La cifra total de víctimas fue de 5 mil 598.
A nivel nacional el promedio diario de asesinatos se redujo respecto al mismo periodo de 2020 donde el promedio fue de 99 personas asesinadas todos los días. Sin embargo, esta reducción no es homogénea pues hay diez entidades donde los asesinatos crecieron y tres más donde se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel.
Zacatecas es la entidad con el mayor disparo de la violencia en 2021. En el primer bimestre se contabilizaron 292 víctimas de homicidios y feminicidios, cifra que representa un incremento superior al 128 por ciento en el nivel de violencia homicida respecto al año pasado.
Hay dos entidades con un incremento de casi el 45 por ciento en sus homicidios; se trata de San Luis Potosí donde los asesinatos pasaron de 98 en el primer bimestre de 2020 a 142 en el mismo lapso de este año, y Querétaro donde crecieron de 25 a 36 casos en los referidos lapsos.
Después se ubica Baja California, donde las víctimas de asesinatos en enero y febrero de 2020 respecto a los de 2021 pasaron de 402 a 529, lo que significa un incremento superior al 31 por ciento. Este caso es particularmente grave ya que dicho estado es el segundo con la mayor cifra de asesinatos en el país, solo detrás de Guanajuato.
Las otras entidades que registraron un incremento en sus homicidios durante el primer bimestre de este año son Nayarit con un alza del 26.5 por ciento; Durango con un incremento del 20 por ciento; Sonora con un incremento del 16.7 por ciento; Chiapas con un avance del 13.6 por ciento; Campeche donde los asesinatos subieron 6.3 por ciento; y Veracruz con un alza del 4.6 por ciento.
Hay cuatro estados donde los asesinatos en los primeros dos meses de este año se mantienen casi al mismo nivel del año pasado: Baja California Sur, Morelos, Yucatán y Nuevo León.
En cuanto a las entidades donde los asesinatos sí han descendido destaca el caso de Guanajuato, donde los casos cayeron de 815 a 596 en el primer bimestre del año. Por si solo dicho estado concentra más de la mitad del descenso de los asesinatos a nivel nacional.
Otro decremento significativo fue el de Puebla donde los asesinatos decrecieron de 176 a 119, lo que representa un descenso de más del 32 por ciento. Proporción similar a la de Tamaulipas donde bajaron de 166 a 114, equivalente a un 31.3 por ciento.
Depuración policial en el limbo
El pasado 10 de marzo concluyó el plazo (con prórroga de 16 meses incluida) que todos los estados y el gobierno federal acordaron para concluir la evaluación y certificación de las habilidades, aptitudes y conocimientos de los elementos adscritos a sus fuerzas de seguridad. Sin embargo dio a conocer, el plazo concluyó sin que más de 150 mil policías en el país cuenten aún con esta certificación.
La ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece claramente (desde hace cuatro años y medio) que ninguna persona puede ser policía sino cuenta con el certificado que acredite que superó satisfactoriamente dichas pruebas. La Constitución también lo contempla así.
Lo anterior significa que hoy, los elementos que no han acreditado que son aptos para realizar la labor policial, legalmente no pueden hacer este trabajo.
En ese contexto, autoridades federales y estatales de áreas de seguridad consultadas por este medio indicaron que se prevé la concesión de una nueva prórroga de seis meses para completar con el procedimiento de certificación, sin embargo, dicho plazo no se ha aprobado hasta ahora pues se requiere que sesione el Consejo Nacional de Seguridad.
“Se prevé que esto ocurra en julio próximo que es cuando sesionará el Consejo. Ya que hayan pasado las elecciones. Sería un periodo final de seis meses para terminar con la certificación que concluiría en diciembre”, dijo a este medio un alto funcionario cuyo nombre no se cita pues no hay autorización para realizar declaraciones.
Mientras se autoriza o no dicha prórroga, explicaron lod funcionarios consultados, se ha dejado a criterio de las entidades y de los municipios la decisión de mantener o no en activo a los policías que no cuentan con su certificado.
Con información de Animal Político