Jacob Zuma, quien ha sido repetidamente señalado como responsable de incitar al saqueo de fondos estatales durante los nueve años que dirigió Sudáfrica, fue sentenciado este martes a 15 meses de cárcel por desafiar una orden judicial de testificar en una investigación de corrupción.
La Corte Constitucional dictaminó en enero que Zuma tenía que responder a preguntas de una comisión judicial encabezada por el vicepresidente del Tribunal Supremo Raymond Zondo, pero el ex agente de inteligencia de 79 años acusó a la Corte y a Zondo de parcialidad, se retiró de una audiencia del panel programada en noviembre y boicoteó otra en febrero. El panel respondió presentando cargos por desacato en su contra.
“El Tribunal Constitucional no puede hacer nada más que concluir que el señor Zuma es culpable del delito de desacato al tribunal”, dijo este martes el presidente del Tribunal Constitucional en funciones, Sisi Khampepe, en un fallo en Johannesburgo. “Señor Jacob Gedleyihlekisa Zuma está condenado a 15 meses de prisión“.
El fallo ofrece un ‘éxito’ para el presidente Cyril Ramaphosa, quien ha hecho de la lucha contra la corrupción una prioridad máxima. Si bien el encarcelamiento de Zuma silenciará a uno de sus mayores detractores y demostrará el compromiso de su administración de defender el Estado de Derecho, también podría ampliar las divisiones dentro del partido gobernante y alienar a sus partidarios en la provincia natal del expresidente.
El gobierno estima que más de 500 mil millones de rands (35 mil millones de dólares) fueron robados del estado durante el gobierno de Zuma, y al menos 40 testigos que comparecieron antes de que Zondo vincularon al expresidente con la ola de saqueos.
Zuma, a quien el partido gobernante obligó a renunciar en 2018 para detener una pérdida de apoyo electoral, ha negado haber actuado mal y dice que las acusaciones en su contra son parte de una campaña de difamación.
Zuma no estuvo presente para el fallo del martes. Tiene cinco días para presentarse a las autoridades.
En el caso de que Zuma no se entregue, la policía debe “tomar todas las medidas necesarias” para asegurarse de que sea entregado a una prisión para comenzar a cumplir su condena, aclaró Khampepe.
Con información de El Financiero