Javier Padrón
En la conformación del equipo de transición del gobernador electo Ricardo Gallardo se podrían atisbar a los que se perfilan para encabezar la Secretaría de Finanzas, la Oficialía Mayor y la Contraloría General del Estado. Ya se barajan varios nombres aunque sin la certeza de que vayan a ser los elegidos.
Para recibir una administración que boicoteó la transparencia y la rendición de cuentas, se requieren nombramientos avalados por la capacidad y experiencia, además de lealtad al nuevo gobernador para que meses después no se digan sorprendidos.
El escenario que viene es de choque, ajustes en la administración y en la distribución de los recursos públicos, no se puede continuar con una nómina obesa y cara para poder cumplir las promesas de campaña de la gratuidad de bienes y servicios, además del bienestar general para las clases populares y saldar en lo posible la deuda histórica con los pueblos originarios.
El presupuesto a definirse para el próximo año, debe ser muy distinto al actual, tiene que estar reorientado a otros rubros como el social e infraestructura diversa o no será.
UN ACERTIJO: ¿Y LA SEGURIDAD PÚBLICA?
No hay aún una respuesta pública a la petición de Gallardo a la Presidencia para la recomendación de un titular de la Secretaría de Seguridad Pública, asunto que suponemos estaría por resolver la paisana Rosa Icela Rodríguez, cabeza de la seguridad federal, con la opinión de la cúpula militar.
Esta postura del gobernador electo de recurrir a Palacio Nacional en esta materia tan compleja como es la seguridad de un estado que está bajo el fuego cruzado de los cárteles de Sinaloa, del Golfo, del Noroeste, Los Zetas Vieja Escuela y Jalisco Nueva Generación, y otros de menor presencia que se disputan la “plaza”, refleja que no tiene un recomendado propio ni de un grupo político y busca el apoyo federal ante la magnitud del problema que requiere una estrategia articulada con los estados vecinos como Zacatecas, Tamaulipas y Guanajuato, de lo contrario, nada será suficiente para reinstaurar la tranquilidad.
AGUA BENDITA
El arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero se reunió con el gobernador electo Ricardo Gallardo, fue un encuentro de protocolo que tiene una carga política de reconocimiento y legitimación de la nueva autoridad civil.
Es un mensaje clerical de que no se le ve futuro al litigio de la coalición prianista, no hay una polarización por el resultado electoral, se la da vuelta a la hoja y Cabrero se encuentra en el trance de su jubilación, el Papa Francisco mantiene “in péctore” el nombre del nuevo arzobispo que debe estar acorde a su política de apertura, renovación y cero tolerancia a los abusos sexuales de algunos sacerdotes como ha sucedido con los tres últimos pastores que taparon con su manto al prófugo Eduardo Córdoba.
TELEVISA EN LA SIERRA
Está por transmitirse un reportaje del noticiero “En Punto”, de Denise Maerker, sobre el conflicto generado por el proyecto inmobiliario en la Sierra de San Miguelito que viola las declaratorias de paisaje natural y de recarga del acuífero con el inesperado apoyo de la SEMARNAT, bajo sospecha de corrupción junto con la Procuraduría Agraria. ¿La 4T sí le puso precio a casi 2 mil hectáreas?
Se ha entrevistado a los diversos actores, incluido el alcalde capitalino Xavier Nava que está a favor de la rapacidad inmobiliaria con la visión de lucro personal, el medio ambiente no es un obstáculo para las ganancias de una minoría, el navismo traicionó su pasado y con sus resquemores contra la gallardía pretende simular su muda de piel hacia el neoliberalismo, doctrina que en el fondo siempre ha asumido.
La inundación por las recientes lluvias de los alrededores de la Plaza San Luis, en lo que fuera el ejido Garita de Jalisco, es el emblema del crecimiento urbano sin atender la normatividad y solo para satisfacer la avaricia de la mafia del poder local, es lo que le espera a las nuevas generaciones con la privatización de la Cañada del Lobo.