Ana María Ortiz, tres veces comisariada ejidal de la Garita de Jalisco, fue destituida este miércoles en una asamblea convocada por la Procuraduría Agraria, con una votación de 35 a 27.
Ella fue removida junto con los integrantes del comisariado ejidal de la Garita, de acuerdo a información proporcionada por varios ejidatarios disidentes que pidieron la reserva de sus nombres.
En su lugar fue designado Martín Leyva, además de un grupo de ejidatarias y ejidatarios adversarios de los grupos empresariales de Residencial la Tenería, Desarrollo del Pedregal, Peña Blanca, y Lomas de la Garita, “que devoraron a ese ejido y ahora buscan adueñarse de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito”, dijeron los entrevistados.
Fue en el año de 1993, cuando inició el proceso de depredación de mil hectáreas por medio de dichas sociedades mercantiles inmobiliarias. Al igual que ahora se busca con San Juan de Guadalupe, se enganchó a los ejidatarios con sumas de dinero que los fueron amarrando y enajenando de ambición.
“En aquel entonces, fue un pequeño grupo de ejidatarios quienes se opusieron en aquella época. Con el tiempo y después de la recuperación del Tlahuixcán por el ejido, y la traición del comisariado Elías Saucedo, un grupo de ejidatarios y sucesores enfrentaron por más de 15 años a los líderes caciquiles como Rodrigo Leyva y Ana María Ortiz”.
“Cabe destacar que las ganancias multimillonarias de los empresarios son increíbles, por los miles de millones en plusvalía y con esa riqueza se han construido parques logísticos, libramientos y todos los procesos de acumulación de riqueza más grandes de San Luis Potosí. El comisario de esas Sociedades Mercantiles fue Marcelo de los Santos Fraga, y hoy lo es su hijo del mismo nombre”.
Esto lo lograron porque esas sociedades utilizaron tierras de uso común para evitar el aparcelamiento y el derecho de tanto de los hijos de ejidatarios. Las tierras fueron utilizadas para obtener créditos millonarios y esto generó una ganancia incalculable.
“Las enormes superficies fueron ocultadas o manipuladas para evitar pagarles a los ejidatarios, como sucedió con cerca de 135 hectáreas en la zona de Tlahuixcán, o de 128 hectáreas de lo que hoy es La Vista”.
Un Área de Reserva Ecológica de 74 hectáreas fue comercializada (donde se ubica el Centro de Convenciones). La zona de Plaza San Luis que debió repartirse a los ejidatarios, fue pagada por un precio de 200 mil pesos por ejidatario (cada uno tenía derecho a mil metros cuadrados y el precio actual en ese lugar es de 20 mil pesos el m2).
“Los empresarios, hoy avorazados con las 1805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito y la Comunidad de San Juan de Guadalupe, no pudieron frenar a los ejidatarios que hartos de agravios históricos derrotaron a un cacicazgo en total descomposición”, concluyeron los declarantes.