El gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, pretende imponer a Cecilia de los Ángeles González Gordoa, como magistrada del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, TEJA, a pesar de que tiene diversas denuncias ante la Fiscalía General del Estado por diversas anomalías que cometió en el DIF Estatal por permitir el tráfico de menores en la institución, entre otros delitos.
Los abogados Efraín Torres Salazar y Juan José Frías Aguilera, miembros de la Asociación de Abogados Postulantes y Litigantes especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad A.C., se manifestaron preocupados porque este 24 de septiembre el gobernador del Estado pretende emitir un decreto nombrándola como magistrada.
Cuentan con información que refiere que el Jefe del Ejecutivo Estatal está orquestando un recurso inconstitucional para imponerla en el cargo, aún y cuando tiene en su contra serios señalamientos por permitir que en el DIF Estatal se dieran casos de robo, niños extraviados y tráfico de menores.
Además, dijeron, no hay que olvidar que en su periodo como funcionaria del DIF se dio la violación de menores por parte de un funcionario de la institución, y no se pronunció ni defendió a los menores.
“Es un atentado a la Constitución del Estado y las leyes que de ella emanan, es un acto ilegal e inconstitucional, el área jurídica del gobierno del Estado, está fraguando un decreto para instalarla como magistrada, situación que de estudio jurídico se establece que para hacer esas facultades, el gobierno del Estado requiere que se reúnan ciertos requisitos, y ella no puede, incumple todas las normativas de Ley, no cuenta con una carrera y experiencia judicial, sería una violación al Estado de Derecho que desde el Congreso del Estado secundaran al gobernador”.
Son diversos temas por presuntos actos de corrupción, ilegalidad y uso excesivo del Poder que han denunciado los abogados, a los cuales se suman Marco Antonio Coca Manzanares, José Matilde Hernández, Guillermo Mendieta del Colegio de Abogados Plan de San Luis A.C., de la Asociación de Abogados de Rioverde y Zona Media y de la Asociación de Abogados de Ciudad Valles y la huasteca potosina.
Los abogados insisten en que no permitirán en este tipo de situación y continuarán presionando al Congreso del Estado y al Ministerio Público de San Luis Potosí, para que no encubran a la aún funcionaria del DIF a quien quieren seguir manteniendo del recurso del pueblo.