Los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, han quedado al descubierto con una nueva filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Entre los ciudadanos y residentes de México que utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas, aparecen más de 80 personajes del mundo de la política que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.
La investigación Pandora Papers descubre que los mexicanos han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.
La filtración contiene registros de empresas, certificados de acciones, estados financieros, títulos de propiedad, correos electrónicos y escrituras legales que permiten conocer a los verdaderos dueños de las firmas offshore, cuya identidad típicamente se mantiene oculta bajo las capas de anonimato que ofrecen los paraísos fiscales.
Los registros de la investigación de Pandora Papers, en la que participaron 600 periodistas de 150 medios en el mundo incluido Quinto Elemento Lab, provienen de 14 despachos globales especializados en crear empresas de papel y complejos esquemas para quienes buscan la secrecía y los privilegios fiscales.
Aunque tener una sociedad offshore no es un crimen, en muchos casos su opacidad permite la comisión de delitos como el lavado de dinero, la corrupción o la evasión fiscal. En México no es ilegal tener sociedades fachada para mantener activos o resguardar el patrimonio fuera del país, incluso algunas personas las usan para reducir riesgos a su seguridad o conducir negocios internacionales.
Sin embargo, el uso de sociedades offshore puede ser particularmente controversial en el caso de políticos y funcionarios públicos, pues las pueden utilizar para esconder dinero y bienes procedentes de sobornos o desvío de recursos públicos. Esto es de particular interés en naciones como México donde la corrupción es rampante y el gobierno ha hecho un pobre trabajo impidiendo estos abusos.
Antes de ser presidente, Andrés Manuel López Obrador criticó con severidad en 2016 la aparición de mexicanos en la anterior investigación de ICIJ, los Panama Papers, señalando que la “mafia del poder” ocultaba dinero de las autoridades hacendarias.
“Yo respeto mucho lo del anonimato que se guarda en Suiza sobre los que depositan o en los llamados paraísos fiscales, pero eso no debería de existir (…) debería de establecerse que se conociera el origen del dinero, cómo se da el dinero de un país saqueado a un paraíso fiscal y no pasa nada y es normal, y hay incluso países que viven de eso, eso es inmoral”, dijo en agosto de 2020 durante su conferencia matutina.
En los Pandora Papers aparecen algunos políticos cercanos a López Obrador. En los documentos figuran además los hijos y hermanos de antiguos gobernadores del PRI y PAN, miembros actuales de gabinetes estatales y gente del Partido Verde.
Los servidores públicos están obligados a reportar sus propiedades, empresas, inversiones y cuentas bancarias establecidas dentro y fuera del país -suyas y las de sus cónyuges-. Deben hacerlo cada año o cuando asumen o dejan un nuevo cargo. Estas declaraciones patrimoniales pueden ser públicas o reservadas, según la decisión de cada persona. Los funcionarios y legisladores que aparecen en Pandora Papers y que hicieron públicas sus declaraciones patrimoniales, omitieron consignar ahí su participación en sociedades asentadas en paraísos fiscales.
Si voluntariamente los políticos no reportaron sus sociedades offshore, el gobierno federal tampoco tiene otros mecanismos de vigilancia fiscal para conocer con precisión quiénes participan en empresas en paraísos fiscales y con qué fin.
“En los sistemas institucionales no se encuentra un apartado que permita identificar a los contribuyentes que utilizan entidades offshore”, respondió el SAT a una solicitud de información.
La nueva filtración contiene 10 veces más mexicanos que los descubiertos en la anterior investigación de los Panama Papers en 2016, y mientras en aquella ocasión sólo se documentaron a los clientes de un solo despacho, Mossack Fonseca, ésta filtración revela información de clientes mexicanos o residentes en México de al menos 10 bufetes que los ayudaron a llevar su dinero fuera del país.
Las familias del PRI y el PAN
Cuando los despachos internacionales ayudan a montar empresas offshore en los paraísos fiscales, deben anotar si su cliente es una persona “políticamente expuesta” ya sea porque tiene parentesco con algún funcionario o porque ocupa un cargo público. Quienes caen en esta categoría deben recibir una atención especial para verificar el origen de sus recursos y el resguardo de los activos.
Arturo Montiel Yañez registró un fideicomiso en las Islas Vírgenes seis días antes de que su padre , Arturo Montiel Rojas, terminara su mandato como gobernador del Estado de México en septiembre de 2005, según las revelaciones.
A sus 33 años, el empresario y primogénito del exgobernador celebró un contrato con Alcogal y Stanford Trust para cederles la gestión de 3.5 millones de dólares en beneficio de sus hijos Arturo y Santiago Montiel Ferreyra, según el documento firmado el 8 de septiembre de 2005 que dio origen al fideicomiso Art Saint Trust.
Los documentos no mencionan el origen de los fondos, pero la millonaria operación sucedió cuando el exgobernador y su familia estaban siendo investigados por malversación, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos, aunque la fiscalía estatal concluyó que no había elementos contra los Montiel. Los esfuerzos por obtener la versión de Montiel Yáñez no dieron resultados.
Jesús Murillo Ortega es hijo del exgobernador priista de Hidalgo y exprocurador Jesús Murillo Karam. Con un millón de dólares, el empresario creó en marzo de 2014 junto con su esposa la sociedad Sweet Land Ltd en Panamá para invertir en bienes raíces, de acuerdo con los documentos filtrados. Murillo Ortega declaró que los recursos eran derivados de sus ahorros personales.
La offshore fue registrada cuando Murillo Karam estaba al frente de la Procuraduría General de la República. Durante esos años, empresas en México de los hijos y parientes de Murillo Karam ganaron más de 300 millones de dólares en contratos de obras asignadas mientras estaba al frente de la PGR, según una investigación de MCCI.
“Esta corporación (Sweet Land Ltd) en ningún momento llevó a cabo operación, actividad empresarial, comercial, de gestión, financiera o de adquisición alguna, e incluso ni siquiera aperturó una cuenta de banco e incluso fue disuelta prácticamente desde su inicio, derivado del término de mi vínculo matrimonial con mi entonces socia y pareja”, respondió Murillo Ortega a un cuestionario enviado para esta investigación.
Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo del exgobernador de Sinaloa Francisco Labastida Ochoa, se convirtió en el verano de 2008 en director y accionista mayoritario de Fuentes Pyasa Corp, una sociedad anónima creada en las Islas Vírgenes Británicas con el propósito de adquirir un yate, según los documentos de registro de la firma.
La empresa fue creada en 2006 a través de Trident Trust Company por un corredor de bienes y raíces, pero dos años después se nombraron nuevos accionistas y directivos: junto con Francisco Labastida llegaron Leonor Labastida Vargas así como Andrés Conesa Labastida, director de Aeroméxico, y otros empresarios agrícolas sinaloenses.
El yate de los Labastida es un Azimut M/Y 2006, de diseño italiano bautizado como “Pez Gordo”, según un documento firmado en 2010 por el hijo del ex candidato presidencial.
“Soy accionista de una sociedad mercantil (…) dueña de la embarcación denominada ‘Pez Gordo’ desde el año 2006 y que como parte de la inversión hecha tengo derecho a hacer uso de 5 semanas al año”, dijo Labastida en una carta.
Para Luis Pérez de Acha, abogado especialista en materia fiscal, la compra de yates o propiedades a través de entidades offshore tiene dos propósitos: ocultar la identidad del propietario y obtener ventajas tributarias. “Tener un yate con registro de bandera de otro país trae algunos beneficios fiscales y financieros, es por eso que se utiliza, básicamente por el pago de menores impuestos”, dijo.
Los hermanos Marcelo y Carlos de los Santos, hijos del exgobernador panista de San Luis Potosí, Jesús Marcelo de los Santos Fraga, son dueños de 1,282 acciones en Global Securities Management Corp, una sociedad offshore creada en julio de 2005 en las Islas Vírgenes Británicas, en la que figuran como accionistas personalidades conocidas de la política colombiana, como la ministra de Transporte Ángela María Orozco, y el esposo y la hija de la vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez.
Otros socios de la firma son los hermanos y empresarios colombianos César y Gustavo Hernández Frieri, éste último capturado en Italia en 2018 y condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y malversación de 600 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2014 y 2018. De profesión contadores y empresarios, los hijos del exmandatario panista no respondieron las solicitudes de entrevista enviadas por esta organización.
Entre los familiares de políticos que aparecen en los Pandora Papers incluyen a la esposa del actual gobernador del Estado de México, Fernanda Castillo Cuevas, y a Paulina Díaz Ordaz, nieta del expresidente Gustavo Díaz Ordaz y esposa del político del Partido Verde Jesús Sesma Suárez.
Con información de Quinto Elemento Lab