Marcela Loyola
La deuda en la Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado de San Luis Potosí ha llegado a niveles gigantescos, siendo ya de 1,156 millones de pesos, reveló el vocero de la organización Ciudadanos Observando, José Guadalupe González, quien cuestionó “¿Dónde está todo el dinero que le ha sido retenido a los trabajadores por años?” y exigió castigo a quien desfalcó a la dependencia.
Recordó que en octubre del 2018, la Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía) exoneró al exmandatario estatal Fernando Toranzo Fernández y a Jesús Conde Mejía, exsecretario de finanzas, después de ser denunciados penalmente por gente del SITTGE en diciembre del año 2016, ante la Mesa Especializada contra Funcionarios Públicos, por su participación en un supuesto desfalco a la Dirección de Pensiones por 1.3 millones de dólares.
Abundó que en esta denuncia se desprendían presuntos delitos por robo calificado, fraude, delitos contra la administración pública cometida por servidores públicos, ejercicio indebido de las funciones públicas, tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, pero se determinó un “No” ejercicio de la acción penal, “entonces vienen las preguntas obligadas: Si Toranzo y Conde no tuvieron ninguna responsabilidad, ¿Quién es el culpable? ¿Dónde quedó el dinero? ¿Por qué el caso sigue impune?”.
El activista dijo que la Revista Proceso dio a conocer que el Cártel de Sinaloa, que encabezó Joaquín “El Chapo” Guzmán, logró en 2011 infiltrar las finanzas públicas de San Luis Potosí en la administración del mandatario Fernando Toranzo Fernández, a través de la Dirección General de Pensiones del estado; sin embargo, gracias a la protección del actual Mandatario Juan Manuel Carreras este quebranto quedó impune.
Dijo que según la investigación, señala que en 2010 el titular de la Dirección de Pensiones, Oziel Yudiche Lara, había puesto los fondos de pensiones de la entidad a disposición de la red de lavado del cártel; sin embargo, la Fiscalía General de San Luis Potosí a cargo de Federico Garza exoneró a Fernando Toranzo y Jesús Conde como ya se mencionó.
“El problema siguió creciendo en el sexenio de Juan Manuel Carreras, al grado de hoy tener una deuda que supera los mil millones de pesos. No puede haber impunidad y los responsables de este enorme desfalco tienen que pagar las consecuencias”, exigió.