La titular de la Auditoría Superior del Estado, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, manifestó que son tres las instancias que deben sancionar las irregularidades en el manejo de los recursos públicos, de acuerdo al tipo de conducta determinada. Si se trata de una falta no grave, la instancia a la que corresponde es la Contraloría General o las Contralorías Internas, dependiendo del ente infractor; en caso de ser una falta grave señalada en la Ley General de Responsabilidades, incumbe al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; y si es una conducta configurada como delito, la responsabilidad es de la Fiscalía Anticorrupción.
“Tenemos la confianza de que nuestro trabajo será llevado a buen término en lo referente a sanciones, ya que son los niveles de impunidad los culpables de que la ciudadanía no confíe en las instituciones”, señaló Rocío Cervantes a propósito de la reciente conclusión de los Informes de Auditoría General e Individuales a las Cuentas Públicas 2020, y luego de que fueron entregados a la Comisión de Vigilancia para su análisis y posterior aprobación en el pleno del Congreso del Estado, a más tardar el 15 de noviembre.
Una vez que el organismo fiscalizador cumplió con la presentación de los informes, cuenta con 10 días hábiles para notificar formalmente el pliego de observaciones determinadas, a los entes públicos y exfuncionarios que estuvieron a cargo durante el ejercicio 2020, para que dichas observaciones puedan ser argumentadas y solventadas en un período de 30 días hábiles, a partir de la fecha de notificación.
En este sentido, la ASE está preparada ya para la recepción de documentos con los posibles desahogos; en caso de que este procedimiento no resulte satisfactorio y las irregularidades se confirmen, lo que sigue es integrar las carpetas de investigación y substanciación correspondientes, y turnarlas a las autoridades con atribuciones para sancionar a los presuntos responsables.
De este modo, y para que el organismo fiscalizador llegue de manera eficaz y eficiente a ese punto, se encuentra inmerso en una mejora continua de sus procesos de auditoría, ya que todos ellos son necesarios para ofrecer a la Fiscalía, elementos que sustenten las irregularidades determinadas, en carpetas de investigación y substanciación robustas. Sobre este tema, Cervantes Salgado explicó que la Fiscalía tiene también atribuciones de investigación, que sin duda fortalecerán las carpetas integradas por su equipo jurídico.
Finalmente, Cervantes Salgado detalló que la ASE forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción y “las instancias que pertenecemos a él, en conjunto, mejoramos de manera constante todos nuestros procesos, para rendir cuentas claras de las actuaciones que llevamos a cabo, pero sobre todo para brindar nuestro aporte en la disminución de la impunidad, y lograr que la ciudadanía sea testigo de las sanciones infringidas a los responsables de la comisión de delitos relacionados con el menoscabo del patrimonio público”, concluyó.