A su ritmo, rumbo y precio…
La secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, le puso nombre, apellido y rostro a esos poderes fácticos y es que no hizo falta que los nombrara, al escuchar la rueda de prensa, se supo de qué grupos y a qué personas se estaba refiriendo, el mismo grupo oligárquico que desde hace varias décadas ha repetido el mismo modus operandi para apropiarse de valiosos terrenos en condiciones -por decir lo menos- desiguales y hacer crecer a la capital de San Luis Potosí al ritmo y precio que ellos decidan.
Con cierta prudencia, pero directa contundencia, recordó que con el decreto que declara a la Sierra de San Miguelito como Área Natural Protegida “estamos trastocando intereses muy fuertes”. Y vaya sino y es que, aunque el rostro mas visible sea el conocido fundador del club de Golf, no es el “empresario” mas poderoso según algunas fuentes.
En los mas recientes desarrollos inmobiliarios estaría presente también, un importante inversionista del ramo de apellido Tamayo, cuyos principales negocios están en la sultana del norte, pero que no deja pasar las jugosas oportunidades que en bandeja de plata le ofrece un influyente grupo de empresarios del centro del país. Lo mismo ha ocurrido con empresarios de la zona del bajío que se han animado a participar en atractivos “negocios” que les proponen sus pares potosinos.
Y así lo advirtió la propia secretaria Albores cuando dijo que esos grupos inmobiliarios se mueven en todo el país y repiten las formas de operar para lograr sus ganancias y presionan a los mas desprotegidos para quedarse con la mejor tajada.
Pero hay también otro perfil de “socios”. Como les llamara hace muchos años el otrora Síndico Municipal, Lic. Zermeño… “esos especuladores de suelo urbano” hacen “negocios” con desinformados y necesitados ejidatarios que debilitan a las asambleas agrarias y de a poco, van aceptando asociarse con los voraces capitalistas.
Pero esas sociedades, se convierten en compras ventajosas que solo dejan problemas a los ejidatarios y a sus familias, hasta ahora, no hay ejidatarios (genuinos) que se hayan vuelto ricos al asociarse en estos proyectos.
Sin mucho conocimiento, de pronto esos ejidatarios, ya son parte de sociedades empresariales, legalmente constituidas y en las que -de acuerdo a sus estatutos y a la vuelta de algunos meses o años- el comisario de tal sociedad les informa que es momento de repartir las ganancias, pero resulta que son magras y como esa figura de “comisario” resulta ser un honorable y reconocido profesionista, (y en un descuido hasta ex político) pues ni como cuestionarle las cuentas.
Por ejemplo… si en un Club de Golf, la venta por metro cuadrado cuesta alrededor de 20 mil pesos o en Villa Magna ocho mil pesos, significa que lo habrían pagado a los propietarios originales a 20 o 50 pesos el mismo metro.
Muy movidos…
Muy movidos debieron andar los empresarios inmobiliarios en la víspera de la visita de la secretaria del Medio Ambiente el pasado miércoles. Quizá tuvieron tiempo de comunicarse con el grupo de ejidatarios que dicen representar a 30 mil familias afectadas por el decreto de Área Nacional Protegida porque afirman que viola sus derechos humanos.
Seguro escucharon atentos la gira de la funcionaria y quizá solo con media sonrisa, al ver cada vez más lejos, el prometedor negocio de las 1805 hectáreas porque la funcionaria federal les recordó que no se puede cambiar el uso de suelo.
Fueron varias señales que durante la rueda de prensa pudieron desanimar a los desarrolladores: la sintonía política que el gobernador Gallardo encontró en este decreto de la sierra para mostrar su cercanía con la 4T, su oportunidad para presumir una promesa de campaña cumplida y colgarse la medalla, sentar en la misma mesa a 3 de los 4 alcaldes involucrados.
Pero tal vez no faltará algún empresario optimista que haya detectado la ausencia de la presidenta municipal de Villa de Reyes y que haya visto en ello, una ventana de oportunidad para seguir presionando a nombre de esas “30 mil familias”.
Lo cierto es que la titular de SEMARNAT atajó también ese flanco al decir que esos fuertes grupos de interés “malinforman” y aclaró que el amparo obtenido “protege” contra la venta, pero en el referido decreto no hay ninguna opción de adquisición, sólo se respeta la posesión.
En fin, que el tema del desarrollo inmobiliario de San Luis Potosí, podría estar a punto de tomar un rumbo muy distinto al de las últimas décadas si es que la sociedad civil organizada se mantiene atenta a las decisiones del gobierno federal que podría ser su más sólido aliado.
Aunque no se debe descartar que el millonario proyecto de las “otras hectáreas” podría ser todavía una tentadora opción para funcionarios menores que quisieran repetir la triste historia de César Sánchez Ibarra, ahora ex director de la CONANP quien “por error” estuvo a punto de permitir que se excluyera del decreto las 1805 referidas hectáreas. Por cierto, habría que peguntar si nadie investigará las motivaciones que tuvo Ibarra para excluir exactamente esa extensión de la sierra, porque hay una sospechosa coincidencia con los intereses de ciertos empresarios inmobiliarios.
Lidia Juache