Marcela Loyola
El ex secretario general de gobierno y diputado Alejandro Leal Tovías señaló que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía General del Estado en las investigaciones contra exfuncionarios, y consideró que no se trata de una cacería de brujas sino de hacer valer el estado de derecho.
El legislador manifestó que por respeto al debido proceso se abstiene de opinar, esperando que el asunto se resuelva conforme a derecho y si es llamado a comparecer lo hará como parte del debido proceso.
Indicó que todos los exfuncionarios están sujetos a revisión de cómo dejaron las diferentes dependencia, y ante cualquier observación que se registre pueden ser investigados, “todos los secretarios hicieron entrega-recepción y todos están sujetos a una revisión y cualquier observación o situación que resulte puede estar sujeto un proceso, así que todos los exsecretarios y exfuncionarios deben de estar atentos en cuanto a las observaciones que les puede hacer la autoridad, así lo marca la ley”.
“El gobernador –Ricardo Gallardo- ha sido muy claro, siempre ha dicho que es respetuoso de la ley y de lo que se marca. Y la investigación es una responsabilidad del ejecutivo de la entrega-recepción, no es una voluntad personal, es un procedimiento que se tiene que revisar lo que hicieron los exfuncionarios, y tienen que estar atentos al llamado para realizar cualquier aclaración porque esto es parte del procedimiento que se sigue”.
Por su parte, el diputado Juan Francisco Aguilar Hernández dijo que se debe velar por la presunción de inocencia y si se cuentan con los datos de prueba, que el juicio se lleve conforme a derecho, velando por las garantías de los involucrados y si hubo desvió de recursos que se sancione conforme a derecho.
“Considero que no es una cacería de brujas, ya que si de algo se duelen los mexicanos es de los actos de corrupción, por lo que cualquier persona que llegue a destinar dinero público para otros fines de lo que fue etiquetado, tiene que sancionarse, y que no sea cuestión política, sino que aquella persona que se haya enriquecido con dinero público sea llevado a las autoridades y que no sólo pague con una pena corporal sino que se regrese el dinero”, expuso.