Marcela Loyola
“Exigimos que nos escuchen, no queremos más simulación”, sentenciaron las colectivas “Por Ellas, Por Nosotras y Por Todas” y Familiares de mujeres víctimas de feminicidio en el estado de San Luis Potosí, quienes exigieron continuidad y fortalecimiento a la Unidad Especializada Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género (UEMI).
Las colectivas recordaron que en San Luis Potosí, la creación de la UEMI fue uno de los principales logros obtenidos en cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el caso de Karla Pontigo, feminicidio ocurrido en octubre del 2012, “esta unidad es resultado de años de lucha de la señora Esperanza Luccioto, mamá de Karla”.
Indicaron que desde la creación de la unidad, el 3 de abril del 2020, “la UEMI a cargo de la fiscal Candy Martell, ha realizado un trabajo de investigación extraordinario y sensible que como familias reconocemos. Lamentablemente, la Fiscalía de San Luis Potosí no supo leer la obligación colectiva que le dicta la sentencia y creó la unidad con un candado que reduce su actuación a la investigación de un caso a la vez, iniciando con el de Karla, constituyendo un escenario de discriminación”.
“Ha sido tal el compromiso de la UEMI con la familia Pontigo Luccioto que en octubre del 2021 denunció conflicto de interés para investigar y garantizar la justicia en el caso. Esto, tras el nombramiento del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), José Luis Ruíz Contreras, hermano del juez que emitió la sentencia por homicidio accidental y secretario particular del procurador, Miguel Ángel Covarrubias, cuando sucedió el feminicidio de la joven de 22 años. Conflicto que fue confirmado recientemente por el Juzgado Primero de Distrito en el estado”, puntualiza el comunicado.
Calificaron como un acierto que la Fiscalía General de la República atrajera el caso de Karla Pontigo, “y como familiares de mujeres víctimas de feminicidio en el estado exigimos la continuación de la UEMI y la permanencia de la fiscal Candy Martell, así como la asignación de presupuesto y todos los recursos necesarios para que la unidad opere de forma eficiente y permita el acceso a la verdad y la justicia a todas las mujeres víctimas de feminicidio o muertes violentas, así como a sus familias”.
Añadieron que la UEMI materializa la lucha de Esperanza Luccioto, “esta unidad no solo fue creada para investigar, perseguir, litigar y concentrar todos los asuntos relacionados con la muerte violenta de mujeres y feminicidios, sino también de las actuaciones de cualquier autoridad que vulneren el derecho a la verdad de las víctimas. Es la antesala para la consolidación de una unidad o fiscalía especializada que beneficiará la investigación de todos los casos en el estado”.
Abundaron que la permanencia y fortalecimiento de esta unidad “es una necesidad urgente ante la incapacidad histórica del Estado para dar respuesta a nuestro derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación”.
Las colectivas señalaron que asumen la búsqueda de justicia por sus hijas como una lucha porque han vivido omisiones sistemáticamente y han sentido la indolencia y el efecto de las violaciones graves a sus derechos con la “pérdida de carpetas de investigación en momentos cruciales y después les han avisado que “las encontraron”, así como la perdida de muestras fundamentales para la investigación y esas personas que hacen las periciales permanecen en sus puestos.
“Han criminalizado a nuestras hijas y afirmado pública e institucionalmente que se suicidaron antes de hacer una investigación exhaustiva. Han trabajado con una sola línea de investigación cuando debieron de haber abierto al menos dos o tres más. Han vulnerado el bienestar de nuestras hijas menores de edad al propiciar careos con el feminicida de sus hermanas. Nos han tratado de forma indolente cuando nos presentamos en Fiscalía al enterarnos del feminicidio de nuestras hijas haciéndonos sentir culpables. Los feminicidas de nuestras hijas han salido libres por errores en la integración de las carpetas y faltas al debido proceso”, condena.
Agregaron que “Nos hemos encontrado con prácticas permanentes de corrupción y omisiones en nuestras carpetas que terminan por hacernos sentir que la justicia nunca llegará y ninguna de las familias hemos vivido nuestro derecho a la reparación integral del daño”. Aseguran que no son los únicos que han vivido esto y si indagan habrá cientos de familias que han atravesado lo mismo.
“Nuestra exigencia no es más que lo que debe de ser: La investigación de los feminicidios de nuestras hijas y las hijas de todas las demás familias, que se hagan con perspectiva de género y debida diligencia, a través de la UEMI que se creó a raíz de la sentencia del caso de Karla”, sentenciaron.
