Damaris Armendáriz
El investigador de El Colegio de San Luis, Francisco Peña cuestionó la opacidad en el manejo de El Realito y demandó conocer los términos legales para actuar con mayor eficacia a favor de los ciudadanos
En el marco del Primer Foro Estatal del Agua al finalizar la presentación de la conferencia “Agua que no has de beber: ¿escasez o desigualdad?”, qué impartió el Doctor Francisco Javier Peña de Paz, Investigador del Colegio de San Luis (COLSAN) reflexionó sobre el tema del Realito en dónde dijo se podría hacer una investigación global sobre lo que sucede.
Mencionó que una cosa fundamental sobre esto la opacidad que existe en el tema; por lo que señaló importante el impulsar la transparencia para conocer términos del contrato de la obra, su operación y cómo se constituyó el consorcio que se encarga del funcionamiento, esclarenciendo así el papel que tuvo la Administración Estatal del Agua y partir de ahí para una solución.
Manifestó su optimismo por la “no impunidad” que ha puntualizado la nueva administración y dijo “no tengo porque no creer en esa declaración en particular del señor gobernador; yo confío en que en particular para el caso del Realito la administración Estatal nos pueda dar a los ciudadanos potosinos una explicación a fondo de que pasó y se tomen las acciones que sean necesarias para que un caso así no se vuelva a presentar”.
El doctor hizo público que en la administración pasada se realizó una solicitud de información a la Comisión Estatal del Agua con fines académicos, de la que hasta ahora el Colegio de San Luis no ha tenido respuesta por lo que temen pueda tratarse de un problema de corrupción ya que suena ilógico el que la obra inaugurada en enero del 2015 hasta hoy presente las fallas que se conocen y no funcione al 100%
Argumentó que una vez que se conozcan los términos de dicho contrato de operación puede haber posibilidades de plantear un costo menor para el Estado e incluso la operación por parte de las autoridades estatales ya que se habla de una inversión importante que tampoco puede dejarse perder.
Por último aclaró que en el tema de la empresa Aguas del Poniente, un negocio privado con uno de los sectores de mejor capacidad de pago y las tarifas más altas de consumo, no existe como tal una concesión; sino un acuerdo con el Ayuntamiento para dar un servicio, mismo que ampara la Ley Estatal del Agua y que causó conflicto cuando tuvo esta modificación en dónde las empresas privadas no pueden tener asignaciones para uso público urbano; por lo que solamente los organismos públicos gubernamentales tienen la obligación constitucional de dar este servicio.
Por esto último expresó que es necesario esclarecer este tema, para conocer la cantidad de agua que maneja esa empresa privada y volver al tema de la igualdad en distribución.