Marcela Loyola
El vocero de la organización Ciudadanos Observando, José Guadalupe González lamentó la impunidad que se sigue presentando en San Luis Potosí, debido a la falta de investigación y castigo de quienes cometen delitos, y denuncias por corrupción sigan detenidas o en la congeladora.
Expuso que desde agosto del 2019, los propietarios de la empresa QuickShine Sa de Cv pusieron una denuncia penal en contra de Gabriel Salazar y Mónica Rangel, posteriormente en octubre del 2020 el señor Eduardo Lárraga también puso otra denuncia contra los ya señalados por robo de identidad y falsificación de documentos.
“Era entendible que cuando Federico Garza Herrera estaba como Fiscal General los protegiera y encubriera, ya que él es parte de la llamada “herencia maldita” y su trabajo era encubrir toda la corrupción del sexenio de Juan Manuel Carreras, pero las cosas no cambiaron realmente mucho con la llegada del “nuevo” Fiscal José Luis Ruíz Contreras que dejó a los propietarios de QuickShine en terribles problemas tras el fraude cometido en su contra por medio del robo de identidad”, dijo.
El activista expuso que a nombre de la razón social de la empresa QuickShine, se facturaron 3 millones 54 mil 783 pesos los cuales de forma por demás extraña, la Secretaria de Salud pagó en dos horas y cuyo dinero acabó en una cuenta de una empresa donde Gabriel Salazar aparece como representante legal. Los afectados señalan el robo de identidad y aseguran que jamás otorgaron servicios en la Secretaria de Salud.
Dijo que esta denuncia no tiene avances y ha favorecido enormemente a los acusados, ya que en caso de haberse judicializado desde hace tiempo, Mónica Rangel no hubiera podido salir de la cárcel tan fácilmente tras devolver 22 millones de pesos, luego de una denuncia que puso la Fiscalía y que esa sí avanzó en tiempo record.
Añadió que, igualmente el Fiscal José Luis Ruíz Contreras ya se olvidó de Gabriel Salazar y el presunto daño realizado en los Servicios de Salud. Esto pese a que Salazar Soto está preso en el Centro Estatal de Reinserción Social “La Pila” pero por el caso relacionado con el presunto fraude de INVERCORP.