El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó hasta el próximo jueves la votación de las dos acciones de inconstitucionalidad que impugnan las reformas al artículo 19 de la Constitución Mexicana que ampliaron el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (PPO) para incluir delitos fiscales, enriquecimiento ilícito y delitos de carácter electoral.
El aplazamiento fue solicitado por el ministro ponente del caso, Luis Maria Aguilar, ante la falta de apoyo a su proyecto de sentencia que proponía inaplicar el artículo 19 de la Carta Magna por ser contrario al derecho a la libertad personal prevista en tratados y convenios internacionales firmados por México en materia de derechos humanos; es decir, por ser una norma inconvencional conforme a la legislación internacional.
La propuesta del ministro Aguilar Morales también planteaba eliminar las restricciones para priorizar a la Constitución Mexicana por encima de los derechos humanos de fuente internacional cuando hubiera una restricción expresa en la Carta Magna, supuesto en el situó el artículo 19 de la Constitución. No obstante, el vocablo “inaplicar” provocó un rechazo mayoritario a su propuesta.
Sin embargo, ante la postura de los y las ministras Norma Lucía Piña Hernández, Arturo Zaldívar, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Javier Laynez Potisek que se manifestaron en contra de seguir aplicando la prisión preventiva oficiosa a un catálogo de 18 delitos, Aguilar Morales ofreció revisar su proyecto para modificarlo y sumar los votos necesarios que permitan invalidar la PPO con argumentos distintos a su propuesta. En caso de que tampoco logre consenso, abrió la posibilidad de retirar su propuesta de sentencia
A pesar de que no existe certeza sobre la votación final, al menos cinco ministros se pronunciaron por realizar una interpretación conforme de los artículos 1° y 19 de la Constitución Mexicana, privilegiando el respeto a los derechos humanos por encima de la PPO. Estos votos podrían sumarse al voto de Aguilar con una modificación del proyecto.
Aun cuando el ministro Pardo Rebolledo también se manifestó por invalidar la prisión preventiva para delitos fiscales, su voto a favor o en contra de la nueva propuesta, dependerá de los argumentos que se presenten el próximo jueves.
Los argumentos de los ministros
Hoy, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo cuestionó que los diputados federales hayan intentado ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, por lo que propuso declarar la inconstitucionalidad de la reforma que agregó los delitos fiscales al texto constitucional.
La ministra Margarita Ríos-Farjat también rechazó inaplicar el artículo 19 de la Constitución como señala el proyecto del ministro Aguilar Morales, destacando que esa posibilidad provocaría “un gobierno de jueces” que va más allá de las facultades que la Carta Magna le concede a la Suprema Corte.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández arremetió en contra de los ministros y ministras que adelantaron su voto contra el proyecto de sentencia del ministro Aguilar Morales, argumentando que se trata de un retroceso en materia de derechos humanos.
A su vez, el ministro Javier Laynez Potisek dijo que ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa por vía legislativa y modificando leyes secundarias, es una fraude a la ley, por lo que se pronunció por invalidar las reformas que imponen la PPO a delitos fiscales.
En tanto, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena aseguró que la PPO equivale otorgar un “cheque en blanco” a los ministerios públicos para llevar a prisión a las personas imputadas, obligando a los jueces a la ceguera y a la indiferencia ante cualquier arbitrariedad que cometan las Fiscalías.
El ministro presidente Arturo Zaldívar, también se pronunció a favor de eliminar la prisión preventiva oficiosa y advirtió que aprobar la eliminación de la PPO para delitos fiscales y de cuello blanco provocaría que dicha medida cautelar se siga imponiendo a las personas más pobres por lo que solicitó decretar la inconstitucionalidad de la figura mediante una interpretación que privilegie el artículo 1° constitucional en el cual se plasma que el Estado mexicano está comprometido con el respeto de los derechos humanos incluso cuando estos provengan de tratados internacionales.
Con información de Aristegui Noticias