Funcionarios de CFE Internacional (CFEi) en el gobierno de Enrique Peña Nieto están acusados de coludirse con la empresa inexperta Whitewater Midstream LLC que recibió contratos para el suministro de gas y la construcción de gasoductos mediante licitaciones que presuntamente fueron manipuladas entre 2016 y 2017.
Dichos actos provocaron que la subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad presentara pérdidas que se cuentan en cientos de millones de dólares desde el sexenio pasado hasta hoy.
Una serie de correos electrónicos, que forma parte de las investigaciones en Estados Unidos, muestra cómo Guillermo Turrent Schnaas, entonces director general de CFEi, compartió comunicaciones con Stuart Porter, un ejecutivo de Denham Capital, empresa que financió con 200 millones de dólares a Whitewater, en conjunto con Ridgemont Equity Partners.
La intención del intercambio de información tuvo como objeto formalizar reuniones para asegurar a Denham que Whitewater sería beneficiada con acuerdos para construir obras y abastecer gas y de esa forma siguieran adelante con la aportación de capital, incluso antes de convocar las licitaciones.
El 28 de mayo de 2016, a la 1:14 horas, Turrent envió un correo a Porter en el que se lee: “Hola Stu, solo quería agradecer por tu tiempo y al grupo Denham y Whitewater. Espero que coincidamos con ustedes en uno o varios proyectos en el futuro.
“Por favor hazme saber cómo sugieres que avancemos con la plataforma de operaciones en línea. En referencia a Waha, nos ocuparemos de ello con la gente de Whitewater. Gracias de nuevo y buen fin de semana”.
Solo 26 minutos después, Stu Porter respondió: “Guillermo, fue genial conocerte a ti y a Javier, Estamos muy emocionados de comenzar a trabajar con ustedes en todos los frentes.
“Creo que la mejor manera de empezar a rodar la bola en la plataforma de comercio electrónico es tener una llamada la próxima semana con mi director general, Eric Pritchett. En esa llamada, Eric puede hablar sobre la plataforma Potamus y obtener su visión de lo que le gustaría construir para el mercado energético en México. El siguiente paso sería enviarte a ti y al equipo de WWM (Whitewater) a Boston para que hable sobre la tecnología que construiríamos y cubra cualquier otra cosa que pueda imaginar.
“Estaré en Brasil la próxima semana, pero creo que debería poder hacer cualquier llamada”.
La contestación de Stu afirma que en su encuentro también estuvo presente Javier Gutiérrez, director de operaciones de CFEi en ese entonces y mano derecha de Turrent.
A estas evidencias se suma otra. Se trata de un “memorando de entendimiento” firmado el 30 de mayo de 2016 por Whitewater y CFEi. En el documento se establecieron términos para el otorgamiento del contrato para suministro de gas denominado West Texas Supply.
Un mes después, el 1 de julio de ese año, Denham y Ridgemont transfirieron los 200 millones de dólares a Whitewater. La licitación del West Texas Supply fue lanzada el 29 julio de 2016. Y, en marzo de 2017, el convenio fue entregado a la empresa con condiciones similares a las acordadas diez meses antes en el acuerdo previo.
La correspondencia compartida entre el exfuncionario mexicano y el ejecutivo de Denham, así como el memorando, forman parte de un documento legal solicitado a la justicia estadounidense, en el que se pide incluir los detalles de las investigaciones realizadas en Estados Unidos.
Contratos sospechosos
Además de otorgar convenios para el suministro, sin acreditar experiencia en obras para el sector energético, Whitewater obtuvo otro contrato de CFEi para construir el “Waha Connector”, un gaseoducto de 17 millas que se enlazaría con infraestructura de la Natural gas plant liquids (NGPL), y así poder cumplir con el abastecimiento de gas para la subsidiaria de la Comisión Federal.
La obra del conector se considera innecesaria. La defensa legal de CFEi, impulsada a partir del cambio de gobierno a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirma que existían otros ductos que ya conectaban con la cabecera de Waha, un centro de distribución ubicado en el oeste de Texas, y que hubieran podido suministrar gas a México desde entonces.
La lista de contratos sospechosos para Whitewater se amplió a tres. En junio de 2017, administrativos de CFEi solicitaron la compra de 1.5 bcf (billions of cubic feet), equivalente a mil millones de pies cúbicos de gas natural al día mediante el gasoducto identificado como VCP que se encuentra en el sur de Texas. Esta adjudicación se entregó a las empresas Apache y Trafigura.
Sin embargo, en febrero de 2018, CFEi celebró un contrato extra por 1 bcf diario con Whitewater durante 15 años. Ese convenio también es calificado como innecesario, ya que la subsidiaria recibe todos los días gas en exceso que debe rematar en el mercado a un precio menor comparado con el de compra, lo que implica un quebranto a las arcas públicas en tiempo real.
Expertos del sector del gas afirman que 1 bcf al día es suficiente para abastecer de electricidad a 30 millones de hogares.
El ascenso de Whitewater y los nexos con directivos de CFEi
Whitewater Midstream tuvo un ascenso estratosférico. A los pocos meses de haber sido creada, se convirtió en uno de los mayores proveedores de gas natural de México y en un actor muy visible del sector en Estados Unidos.
La empresa fue constituida por Matthew Calhoun en abril de 2016. Dos meses después, Guillermo Turrent y Javier Gutiérrez fueron nombrados director general y director de operaciones de CFEi, respectivamente.
La relación de Turrent con Calhoun es clave en la trama mediante la cual se entregaron contratos de manera inexplicable a una compañía apenas registrada, sin experiencia ni activos. Ambos personajes trabajaron juntos en la década de los 2000 para la energética Shell en California, Turrent se desempeñó como agente negociador en la compra-venta de gas entre 1998 y 2006, de acuerdo con una publicación del diario El País que fue el primer medio en revelar los nexos entre estos personajes.
Incluso, Matthew y Guillermo estuvieron implicados en una investigación que emprendió la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) en 2002, por un esquema de manipulación de precios que causó un daño estimado de 400 millones de dólares que afectó a consumidores en California.
En esa investigación también estuvo involucrado Arlin Travis, quien ocupó el cargo de asesor de CFEi entre julio de 2016 y abril de 2017. A la par, Travis también fungió como consejero de Whitewater, entre agosto de 2016 y enero de 2017. Es decir que, cuando ocurrieron los procesos de adjudicación, trabajaba en ambos lugares.
Por su parte, Javier Gutiérrez Becerril también tenía un historial en el pasado con Matthew Calhoun. El director de operaciones de CFE Internacional fue también director de Antaeus Group, compañía fundada por Calhoun en mayo de 2013, tres meses después de que Guillermo Turrent fue nombrado director de modernización de Comisión Federal de Electricidad.
En julio de 2013, dos meses después de su creación, propuso proyectos como una planta de licuefacción de gas natural en México. Además, se sumó como socio minoritario en tres contratos de gasoductos de la CFE. La defensa de CFEi, que pugna por los presuntos desfalcos, asegura que no hubo aporte de activos.
CFE Internacional es una compañía subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad que se fundó en 2015, como parte del decreto de la Reforma Energética impulsada por la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
A paso lento
La CFE presentó en agosto de 2021 una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Guillermo Turrent y Javier Gutiérrez por incumplir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
La audiencia para imputar los cargos a estos dos exfuncionarios se ha aplazado en tres ocasiones. Turrent ha alegado problemas de salud.
Mientras que el nombre de Javier Gutiérrez aparece en un documento legal en Estados Unidos por el caso Whitewater, en el que también se indica que su audiencia de imputación en México se ha retrasado por distintas razones.
En un “Acuerdo de Actos de Investigación”, fechado el 14 de diciembre de 2022, la agente de la FGR Blanca Flor Ramón Peralta, accedió a dar información a José Arturo Cerón, director de Asuntos Contenciosos de CFEi, sobre el estado que guarda la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000513/2021, en la que se establece que a Javier Gutiérrez se le imputa por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Lo anterior deriva de una adquisición indebida de servicios con recursos públicos.
En el documento se indica que la audiencia de imputación se fijó el 23 de mayo de 2022. No obstante, los defensores exigieron más tiempo para conocer el contenido de las pruebas presentadas por CFEi.
La nueva fecha se estableció para el 17 de agosto de 2022. La defensa de los exfuncionarios volvió a pedir una prórroga para solicitar a la FGR nuevos datos de prueba “indispensables para su teoría del caso”. El juzgador difirió la audiencia por segunda ocasión.
El acuerdo impuso nueva fecha, para el 26 de octubre de 2022. Sin embargo, dos días antes, los abogados de Gutiérrez aseguraron que su defendido presentaba problemas de salud, lo que imposibilitaría su presencia ante la autoridad judicial, por lo que se suspendió una vez más la sesión.
En Estados Unidos se presentó una demanda civil en el Tribunal de Distrito del Condado de Harris, Texas, contra Turrent y Gutiérrez Becerril, por otorgar miles de millones de dólares en contratos sobrevaluados e innecesarios a Whitewater.
Los dos funcionarios peñistas presentaron una moción de suspensión, debido a que serán procesados en México. El tribunal estadounidense mantiene en pausa el caso ya que, de continuar, violaría su derecho a la autoincriminación en México.
Guillermo Turrent mantiene una actividad continua como consultor en el mercado de combustibles. El 1 de diciembre de 2022, por ejemplo, ofreció una entrevista a la periodista Adela Micha en la cual conversó sobre el aumento en el precio del gas derivado de la guerra de Rusia contra Ucrania.
El perfil de Linkedin de Turrent asegura que desde enero de 2019 es gerente general de Energy and Infrastructure Advisors (Asesores de Energía e Infraestructuras).
—¿Hay confianza de los inversionistas en este sector? —, preguntó Micha.
—Pues mira, es un tema muy espinoso, la CFE tiene 24 arbitrajes internacionales en contratos de gas, en temas de energía eléctrica y el problema que tenemos ahorita en México es que vamos yendo de un extremo al otro: de un lugar de transparencia total, con competencia, y generación de mercado con el mundo, a uno donde queremos estar aislados y con asociaciones estratégicas que se hacen sin competencia. Antes todos observaban y ahora nadie lo hace. Si hay confianza del inversionista, te diría que no. Hay cuestiones de corto plazo donde sí, pero de largo plazo, no—.
Mientras Turrent ofrece entrevistas o conferencias en foros internacionales y Javier Gutiérrez se dedica a la consultoría en materia energética, siguen sin enfrentar las acusaciones de coludirse con una empresa encabezada por sus excolaboradores. El caso sigue empantanado en las instituciones de justicia mexicanas, ya que ni siquiera ha iniciado la primera audiencia por este caso y en Estados Unidos continúa en pausa.
Con información de Aristegui Noticias