El problema de agua en la capital potosina está tan enredado de corrupción, tráfico de influencias, amiguismo y muchas otras malas prácticas que se ha nublado de la vista de los ciudadanos el problema de fondo.
Se nos quiere confundir haciéndonos creer que el problema es la falta de agua, las fallas de El Realito o la temporada de sequía. Mientras que el verdadero problema son las malas prácticas en las que han incurrido funcionarios y gobernantes corruptos desde hace más de 20 años y que han derivado en injusticia hídrica.
Es decir, si la gente del barrio de San Juan de Guadalupe no tiene agua y las colonias del poniente si la tienen, no es por las fallas de El Realito o la falta de lluvias, es -en gran medida- por la ineficiente gestión del agua en manos de varias administraciones en Interapas, la CEA y CONAGUA, es decir, por lo tomadores de decisiones en los tres órdenes de gobierno, pero también con la complicidad de legisladores (locales y federales) y en ocasiones, incluso de jueces y magistrados.
Esa concesión de pozos en manos de una empresa privada como lo es Aguas del Poniente, quien desde 2008 tuvo ese “privilegio” es apenas una muestra de las inequidades hídricas en la gestión social del agua. La declaración del vocero del arzobispado, Tomás Cruz al decir, que “por sentido común quienes tengan pozos particulares tienen que compartir el agua” apelando a la buena conciencia y voluntad, no sé si provoca risa o llanto. La gestión equitativa del agua no debe ser un acto de buena voluntad porque los pozos ni el agua son propiedad privada, debería ser en todo caso, aun acto de autoridad, de justicia, un asunto de legalidad a favor de quienes deberíamos vivir tranquilamente al amparo de la justicia en un verdadero estado de derecho.
El empresario inmobiliario, Chato López, presumió que son ejemplo de eficiencia en la administración de agua, ahora resulta que un empresario tan señalado de negocios opacos, poco transparentes al amparo del poder público, con serias acusaciones de despojo de tierras a ejidatarios, con graves señalamientos de desiguales negocios en perjuicio de miles de familias, ahora sea el ejemplo a seguir en la gestión del agua.
SLP en la nota nacional
San Luis Potosí fue noticia en la escena nacional. Muy temprano, la sección 26 del SNTE cumplió su advertencia. En la mañana, varios espacios informativos de cadenas nacionales reportaban la movilización del magisterio y se presagiaba una difícil jornada, tanto para los manifestantes, para el gobierno y para los terceros afectados por la viabilidad que se esperaba colapsara, pero, en menos de lo esperado ya se había desactivado la protesta.
La anticipación de la movilización la noche previa, dio tiempo al gobierno estatal para repensar sus estrategias y discursos. Trató con la mano dura del secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo las primeras horas del conflicto y ya al medio día, la operación política del secretario de gobierno, terminó por desactivar la protesta.
En varios grupos de WhatsApp circularon algunos de los términos de la negociación, coincidieron en señalar que, en menos de 4 horas, el gobierno entregó lo que durante meses parecían intentar escamotear. Por su parte, el SNTE mostró cohesión, capacidad de convocatoria y por si alguien tenía dudas, capacidad de organización.
De enfermedades de la pobreza a la radioactividad
Además de la movilización de los profesores y de las disputas por el agua, se sumó ayer, la preocupación de otros temas, que para la gran mayoría pasaron casi inadvertidos. Por un lado, la alerta por el robo de material radioactivo y por el otro, el anuncio del sector salud que saldrán a buscar casos de tuberculosis, enfermedad que junto con las infecciones gastrointestinales, parecieran estar asociadas históricamente como enfermedades de la pobreza y el subdesarrollo.
Ya hasta cliente tienen para los terrenos de la Ford
Y en medio de esta súbita y masiva manifestación de maestros, casualmente ayer jueves se autorizó en el Congreso del estado la venta de los terrenos que estaban destinados a la instalación de la empresa automotriz Ford. Ahora el gobierno tiene ya el ansiado permiso de vender por dos mil 50 millones de pesos esas tierras, lo que obliga a que todos los ojos estén alertas del manejo y destino que se le dé, a esos recursos.
Por Lidia Juache